Aunque en el estado de Querétaro hay presencia de población indígena, no existe un mecanismo legal que permita la protección de los derechos de las comunidades, refirió Laura Santos, directora de Investigación y Litigio en el Colectivo de Litigio Estratégico e Investigación en Derechos Humanos (CLEIDH).
“En Querétaro no hay acceso a la justicia para las personas de las poblaciones indígenas, no existe una educación que sea plurilingüística o que trate de preservar la lengua y los valores culturales que ellos tienen”, añadió.
La abogada y activista agregó que hace falta una perspectiva intercultural en materia de derecho, lo que significa que se tienen que considerar las variables de cada grupo o comunidad para ejercer justicia en un estado en el que, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2020, hay 31,383 personas mayores de 3 años de edad que hablan alguna lengua indígena.
“En Querétaro se piensa que los derechos de los indígenas tienen que ver con respetarles y, en primera, no hacen eso y, segunda, no se queda ahí, pues significa que todas las personas que son autoridades tienen que tener en su formación y actuación frente a personas de la comunidad indígena esta aplicación de la perspectiva intercultural”, agregó.
Sostuvo que los servidores públicos no tienen la capacitación para trabajar bajo esta perspectiva intercultural, en la que se tienen que considerar la procedencia de las comunidades y el respeto a su dignidad.
Asimismo, refirió que al llegar problemáticas en temas jurídicos los jueces tampoco cuentan con esta capacitación y que, más que solo colocar a un traductor de alguna lengua indígena, no se toman en cuenta las variables de cada situación, por lo que se toman decisiones apresuradas y sin una correcta revisión del caso.
“Tiene que tenerse en cuenta que un delito, sea por la víctima o por el imputado, está vinculado a un núcleo comunitario con tradiciones, con usos y costumbres y con un sentido del derecho en particular que no se toma en cuenta. Eso es dejar de lado la perspectiva intercultural y, por lo tanto, se están violando derechos humanos individuales y colectivos”, agregó.
Por último, comentó que las autoridades jurídicas tratan a las personas indígenas como incapaces y si bien es un sector en situación de vulnerabilidad, “no se les propician desde el mismo derecho, las herramientas para dejar de serlo”, por lo que, concluye: “se supone que el derecho indígena surge como una rama del derecho social para poner una situación de equidad, pero a la hora de hacer efectiva la norma, no sucede".
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