El robo de cableado es un delito que permanece impune. Al menos hasta el primer semestre del año no existe una sola denuncia interpuesta en la entidad por este delito, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En el apartado de 2023 esta falta aparece bajo el código 4.1.13.2.2 que establece robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios, de lo cual en los seis primeros meses del presente año en todas las celdas por mes marca 0 (cero) casos denunciados; es decir, no han sido reportados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que es la instancia afectada de manera directa.
En el reporte de cada año así aparecen las tablas de la institución oficial desde 2015 de manera sucesiva hasta el mes de junio pasado donde se cierran los datos en el primer semestre de 2023.
Y eso que este problema es una de las principales causas de apagones en el estado, que lo mismo afectan a las colonias populares que al centro de la capital queretana.
En contraparte, el 21 de junio pasado, la Comisión Federal de Electricidad (División Bajío) dio a conocer que una de las causas por las cuales se han incrementado los apagones en muchos estados del país se debe precisamente al robo de cableado.
En esa información la paraestatal expuso que en lo que va de 2023 se han registrado 38 actos vandálicos en Querétaro con el robo de 5 mil metros de cable conductor de electricidad. Sin embargo, a pesar de que el área de Comunicación informó que se había hecho lo procedente en cuanto a las denuncias, en los datos del SESNSP no aparece una sola querella.
Al menos lo que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública está basado en datos que los mismos estados le reportan conforme a la comisión de delitos que hay en cada localidad.
Con relación al hurto del cableado, el área de Comunicación de la CFE refirió que éste se ha dado en toda la zona del Bajío, pero más en Querétaro y por encima de los otros estados que componen esta región que son: Aguascalientes, Hidalgo, Zacatecas y Guanajuato.
Indicó que el objetivo principal de las personas que roban el material es para sustraer el cobre y luego venderlo.
Se precisó que cuando se comete el robo de cable se da principalmente en las subestaciones y en los registros subterráneos.
Incluso, de acuerdo con la misma CFE, es más común el delito de robo de cable en la zona metropolitana que en San Juan del Río a pesar de la colindancia que tienen con el estado de Hidalgo.
En lo que va del año, se han reportado ya varias personas que pierden la vida electrocutados por intentar robar el cableado eléctrico. El más reciente se registró en la colonia Quintas de El Marqués, en el registro ubicado en avenida Luis M. vega y Monroy y la carretera 57, frente al estadio Corregidora, donde un hombre intentó cortar los cables de alta tensión con una segueta.
En marzo pasado el diputado local, Manuel Pozo Cabrera, dijo que la aprobación de la reforma al Código Penal del estado de Querétaro para sancionar el robo de tapas, alcantarillas y cables entre otras cosas, tuvo como objetivo dificultar la conversión en dinero de las ganancias sustraídas por la venta del material.
“Es una reforma distinta a lo que hay en todo el país y no sólo aplica para los bienes de servicio público, sino en general. Pensemos no sólo en las chatarreras, sino en las tiendas de empeño donde reciben, sin averiguar, piezas de oro, pantallas, etcétera”, mencionó en ese entonces el legislador.
Y es que de acuerdo con el Artículo 183 quinquies del Código Penal, la pena va de 4 a 10 años de prisión y de 500 a mil días de multa cuando el robo sea de bienes de utilidad pública o destinados a la realización de una función pública, equipamiento urbano, mobiliario urbano o servicios educativos, cuya sustracción dañe, limite, interrumpa o afecte, de cualquier manera, servicios públicos o concesionados estatales o municipales.
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Ante esto, el diputado Manuel Pozo recordó que en 2022 se aprobaron algunas reformas al Código Penal, entre ellas las del delito de robo de bienes de utilidad pública y el de encubrimiento por receptación para sancionar la sustracción de mobiliario urbano, entre otros.