La creación de un padrón de agresores en el estado de Querétaro es un ejercicio inconvencional, pues la finalidad del sistema de justicia penal es la reinserción social y la reparación del daño, por lo que tendría qué cuestionarse si su criterio implica frenar la incidencia delictiva o si busca únicamente el castigo.
Así lo dio a conocer la activista y abogada Laura Santos, directora de Investigación y Litigio en el Colectivo de Litigio Estratégico e Investigación en Derechos Humanos (CLEIDH), quien señaló que estas medidas son inconstitucionales, debido a que la finalidad del sistema de justicia penal tiene como principio la reinserción social y la reparación del daño.
"Tendríamos que hablar de sí un padrón de agresores busca frenar la reincidencia o es un instrumento de castigo y estigma social (...) Si se acepta estaríamos castigando, no solo las conductas, sino la personalidad y nuestra constitución y Estado no están para castigar personalidades, pero sí para que las personas reparen el daño y tengan los medios para no reincidir en sus conductas".
Señaló que iniciativas como la presentada por la asociación Corazones Mágicos, un programa de la Fundación Vida Plena I.A.P., que atiende la problemática de la violencia sexual infantil en la entidad, en la creación de un padrón estatal de agresores, han sido llevadas a cabo en otros países, sin éxito.
"Tenemos que hacer el ejercicio de derecho comparado, porque la propuesta en sí no es novedosa, ya existe. En Estados Unidos se creó una lista de depredadores sexuales, y aquí es sumamente importante a quién o quiénes les llamaremos agresores. En otros países hemos visto cómo incluyen igual a una persona con un delito menor que una con un delito grave, y es un error en el que no se puede caer".
Añadió que es importante no incurrir en la violación de derechos humanos, un tema que en el caso de Corazones Mágicos, buscaría asesoría desde el mes de febrero de 2022 con la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) para evitar dicha problemática en este rubro.
"Y se tiene que revisar porque si no se está esencializando a las personas como agresoras, como delincuentes, además de quitarles responsabilidad, porque no les hacemos responsables de sus conductas cuando bien han decidido ejercer esa conducta. Es la situación que genera el estigma social, que lo consideran una persona enferma, pero es una persona como nosotros que tomó la decisión de dañar a un menor de edad".
Finalmente, refirió que si bien se debe trabajar en el ámbito jurídico y legislativo en contra del maltrato y abuso infantil, reducir los esfuerzos elementos punitivos no reduce ni combate directamente este fenómeno, por lo que se requieren planteamientos, políticas públicas y programas sociales que apunten a la prevención.