Durante el periodo vacacional hay un incremento de 67% en los reportes de violencia contra menores en la capital del estado, al pasar de un promedio de 3 a 5 reportes por día, informó Francisco Javier De Ávila Espinosa, procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Querétaro, detalló que los principales focos de estos incidentes son las delegaciones Félix Osores, Epigmenio González y Felipe Carrillo Puerto.

“Los muchachos (de la Procuraduría) que se encargan de atender los reportes han atendido un promedio de 2 a 3 reportes diarios (…) Estas semanas que han estado en tema de vacaciones, estamos atendiendo alrededor de 5 reportes diarios”, apuntó.

Durante el 2024 se han atendido 129 reportes, el 58% corresponden a situaciones relacionadas con omisión de cuidados; 11% por violencia física; el 10% a violencia emocional; 8% de violencia sexual; el 5% a exposición de factores de riesgo.

Además, se han iniciado 16 carpetas de investigación, de las cuales 8 son por violencia física a menores; una por violencia familiar; cinco por omisión de cuidados y dos por violencia sexual.

De Ávila Espinosa explicó que el aumento de los reportes durante las vacaciones no ha rebasado la capacidad de respuesta de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes y que se logran atender a más tardar en las primeras 24 o 48 horas cada reporte, de acuerdo al semáforo de emergencia con que cuentan.

“Nosotros semaforizamos los reportes, evidentemente se les da prioridad a los que se pudiera observar algún riesgo inminente para los niños y esos se atienden de manera inmediata, si no, se atienden 24 horas o 48 horas máximo posterior (al reporte)” apuntó.

De acuerdo con el funcionario municipal, aunque se incrementan los reportes, no se ha presentado algún caso en específico donde el infante tenga que ser retirado del hogar y puesto a disposición de las autoridades estatales para su institucionalización, pese a que la violencia que más se presenta es la física.

"En este mes no hemos puesto ningún niño a disposición por tema de violencia y eso es un buen ejercicio respecto a que en temporada vacacional, normalmente incrementa el número de reportes", señaló De Ávila Espinosa.

En cuanto al cuestionamiento directo de si son los padres de familia las personas que llegan a ejercer violencia física en los menores, el procurador subrayó que, generalmente se trata de las personas que se quedan a cargo del cuidado de los infantes como lo son los abuelos y los tíos.

"Los familiares más cercanos, que no necesariamente son los papás, sino los abuelos y los tíos, suelen ser los primeros agresores", explicó.

Aseguró que pese a los distintos casos, el solicitar medidas de protección de los menores es considerada la última alternativa, con la finalidad de no separar a las familias, ya que se busca fortalecer los hogares antes y se considera el poner a disposición del estado al infante como última alternativa.

"La medida de protección se solicita cuando es la última alternativa. Hemos sido muy claros durante la gestión de la señora ahí, una de las instrucciones fue fortalecer a la familia, no dividirla", agregó.

De Ávila Espinosa mencionó que, como medida de prevención y actuación, cualquier persona que sea testigo de un hecho que vulnere los derechos de la niñez tiene la obligación de informar a las autoridades a la línea de denuncia anónima 089, en persona o a la línea de atención ciudadana 070.

"Recordamos también que la ley prevé que cualquier persona que sea testigo de un hecho que vulnere los derechos de la niñez tiene la obligación de darlo a conocer a la autoridad", afirmó.

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En relación con las condiciones de vida de los menores, De Ávila Espinosa destacó la importancia de no criminalizar situaciones de pobreza, ya que la violencia no solo depende del nivel socioeconómico, aunque de manera general se considera de este modo.

"Es un tema también de condiciones económicas. Hay que tener mucho cuidado cuando se atienden ese tipo de cuestiones para no criminalizar situaciones de pobreza", indicó. La procuraduría da seguimiento a los casos firmando acuerdos de restitución de derechos y al monitorear las condiciones de vida de los menores afectados.