Paul Ospital Carrera, diputado local y autor de una iniciativa para despenalizar el aborto, lamentó que el grupo parlamentario de Acción Nacional (PAN) rete al estado de derecho al negarse a legislar sobre este tema hasta en tanto no les obligue una autoridad judicial.
El legislador priista recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya determinó que no puede haber sanción a quien aborte y a quien lo realice, por lo que es “ley muerta”.
“Penosísimo, me parece completamente anacrónico vivir en otra realidad, en otro siglo, en una involución social completamente; yo creo que es un asunto que está suficientemente discutido y la instancia que lo discutió y lo determinó es precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, subrayó.
Ospital Carrera señaló que se requiere una actualización del Código Penal conforme a la realidad jurídica del país más allá de la ideología, pensamiento y costumbres de cada persona. Reiteró que se trata de un tema de adecuación jurídica ante la inaplicación de la Ley.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este año se han iniciado 17 carpetas de investigación por el delito de aborto, cuatro de ellas en enero, tres en febrero, cuatro en marzo, cinco en abril y uno en mayo. Sin embargo, debido a la sentencia de la SCJN ninguna se ha judicializado.
“Aquí insisten en que tengamos este apartado en el Código Penal que es inaplicable y esa es la discusión con la que yo lo propuse, no se puede aplicar el Código Penal de Querétaro, al menos este capítulo, entonces si no se puede aplicar para qué tenerlo, es estar desfasados de la realidad jurídica del país”, apuntó.
Enfatizó que el inicio de carpetas de investigación implica el uso de recursos humanos y económicos para carpetas que no se procesan judicialmente; asimismo, agregó que la posibilidad de que las mujeres presenten un amparo contra el Código Penal es una opción para aquellas personas que cuentan con los recursos económicos.
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“Esta solución de ‘quien quiera ampárese’, pues sí, para gente que tiene la disponibilidad de 50 mil pesos para contratar un abogado, no se trata de entorpecer la vida de las personas, sino al contrario, de facilitarles la existencia y si hay una sentencia de la Suprema Corte hay que actualizar nuestra norma a la realidad jurídica”, puntualizó.