De aprobarse la iniciativa de ley que busca penalizar los discursos de odio, esto aplicaría para todas las personas y no solo a los funcionarios públicos, advirtió Beatriz Marmolejo Rojas, diputada local y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos, quien señaló, al ser complicado crear un nuevo delito, sí podrían realizarse reformas a las leyes existentes.
Luego de exigir organizaciones civiles que se realicen cambios en las leyes para que se sancione a quien emita discursos de odio, y que excluyan a los grupos vulnerables, Marmolejo Rojas indicó que aún no ha sostenido una reunión con los promotores de esta iniciativa.
En este sentido, instó a que una vez que se presente, todos los diputados locales analicen su viabilidad; asimismo, explicó, que el discurso de odio se deriva, de expresiones que prevalecen principalmente en las redes sociales, y que generan violencia.
“Creo que sería complicado crear un delito autónomo, sin embargo, pudieran mejorarse algunos de los tipos penales existentes en el estado (…) si se llegara a hacer una reforma en esta materia, hay que tener presente que el discurso de odio, sería delito tanto para servidores públicos, como para los ciudadanos”, enfatizó.
Marmolejo Rojas subrayó que actualmente, la legislación local ya contempla el delito de discriminación; y de acuerdo con el Código Penal del Estado, este se sanciona con una pena de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo a favor de la comunidad, así como 50 a 200 días de multa.
Según esta normativa, cae en la discriminación, quien provoque o incite al odio o a la violencia, así como a quien niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho, así como que excluya a un grupo de personas o restrinja derechos labores por motivos de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, discapacidad o estado de salud.
Para los servidores públicos, que incurran en alguna de estas conductas, se les puede aumentar hasta en una mitad la pena, además de aplicarse la destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión públicos.