El caso de la menor Esmeralda escaló hasta la más alta tribuna del país, donde el pleno del Senado de la República exhortó al Congreso del Estado de Querétaro a que inicie un juicio de procedencia para destituir del cargo al fiscal general de la entidad.
De acuerdo con el Senado de la República, también se hizo un llamado a la Fiscalía del Estado de Querétaro para que detenga la acción penal en contra de Esmeralda “N”, una menor de edad que, según lo expresado en el pleno, ha sido revictimizada por el proceso judicial que enfrenta.
Esta exhortación surge a partir de un punto de acuerdo de urgente resolución presentado por la senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
El Senado indicó que, conforme a la exposición de Robles Gutiérrez, la fiscalía queretana solicitó una pena de tres años de prisión para Esmeralda "N", tras haber abortado espontáneamente luego de ser víctima de violación por un familiar.
Además, el Senado refirió que se pidió una indemnización de más de 500 mil pesos al "padre del producto", una situación que fue duramente cuestionada por los legisladores en la tribuna.
En su exhorto, el Senado de la República solicitó que, en caso de continuar con las investigaciones en torno al caso, estas se realicen en estricto apego a los principios rectores de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en concordancia con los tratados internacionales que protegen los derechos de las mujeres.
Por otro lado, los senadores instaron al Congreso del Estado de Querétaro a evaluar la posibilidad de iniciar un juicio de procedencia para la destitución del fiscal general de la entidad, argumentando que su actuación en este caso ha sido cuestionada por diversas voces dentro del propio Senado.
Además, el Senado exhortó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) para que realicen las investigaciones pertinentes y determinen las acciones necesarias para la reparación del daño en el ámbito económico, psicológico, médico y otros aspectos relacionados.
Durante la discusión en el pleno, Agustín Dorantes Lámbarri, del PAN, señaló que el caso refleja una necesidad urgente de mejorar los mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes.
La senadora Martha Lucía Micher Camarena, de Morena, calificó la actuación de la fiscalía como inapropiada, destacando que, según su opinión, las fiscalías locales no están debidamente capacitadas para juzgar casos con perspectiva de género.
Asimismo, la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, de Acción Nacional, solicitó que la fiscalía tome en cuenta el interés superior de la menor y que se resuelva el caso con una visión que priorice los derechos de Esmeralda “N”, conforme a lo señalado por los legisladores en el pleno.
Finalmente, Lilia Margarita Valdez Martínez, también de Morena, expuso ante el Senado que este tipo de situaciones podrían haberse evitado si se abordaran de manera más abierta los temas relacionados con la sexualidad y la educación sexual.
El Senado concluyó señalando que seguirá monitoreando el desarrollo del caso y que espera que tanto la fiscalía como el Congreso de Querétaro actúen conforme a los principios de justicia y protección de los derechos humanos.
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