Luego de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con relación al caso de Escolásticas, la secretaria general de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, resaltó la importancia que tiene el hecho de que la misma CNDH verifique las condiciones del penal en donde se encuentran las tres personas detenidas por una orden judicial luego de haber bloqueado la Carretera 57.
“Hasta donde yo entiendo, la investigación que pide la CNDH es para que se respeten los derechos al interior del centro penitenciario. Tenemos un sistema penitenciario que funciona adecuadamente, que es uno de los mejores del país y lo que se está pidiendo a la CNDH es verificar las condiciones; ellos son quienes tendrán que pronunciarse”, expuso.
La recomendación publicada por la CNDH el domingo 23 de julio dice lo siguiente de manera textual: “En seguimiento de las quejas interpuestas ante esta Comisión Nacional el pasado 4 de julio, y con fundamento en el artículo 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se solicitaron con carácter de urgente la implementación de medidas cautelares necesarias a fin de preservar el derecho humano a la integridad física de una mujer y dos hombres detenidos el 13 de junio pasado en la comunidad de Escolásticas, municipio de Pedro Escobedo, en el estado de Querétaro”.
Ante tales hechos Murguía Gutiérrez reitero que se trató de una orden judicial que pidió a los elementos de seguridad la restitución del inmueble a favor de un propietario, que son los señores Torres, dueños de los terrenos y del manantial.
Argumentó que lo anterior ocasionó que la población de Escolásticas, en el municipio de Pedro Escobedo, se manifestara en contra, incluso, que tomaran la Carretera 57.
“Se sabe de actores políticos, que por cierto, platicando con la comunidad, arengaban para que esta situación continuara”, indicó la secretaria general de Gobierno.
Murguía Gutiérrez mencionó que se trata de un caso que está en manos del Tribunal Agrario, mientras que la Comisión Nacional del Agua ya determinó que el manantial está en terrenos de propiedad particular.
“Las medidas que señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos son para el personal del sistema penitenciario. Se pide la colaboración de la Defensoría de los Derechos Humanos y ellos estarán evaluando la procedencia o no procedencia de estas acciones”, comentó.
La funcionaria dijo desconocer si se interpuso alguna denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en el estado, incluso contra el gobernador, Mauricio Kuri González.
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