Tras la detención de dos exfuncionarios municipales de la administración del priista Roberto Loyola del 2012 al 2015, por su probable participación en delitos de corrupción, Abigail Arredondo Ramos, coordinadora de la bancada del PRI en el Congreso local, enfatizó que independientemente del partido, se deben de realizar las investigaciones y, en su caso, aplicar responsabilidades.
La legisladora priista instó a que exista transparencia en el proceso, así como que se apegue a la ley; no obstante, instó a que, de determinarse que sí existió un delito, no suceda lo que ocurrió con los ex funcionarios municipales de la administración del Marcos Aguilar, y, quienes, tras pagar nueve millones de pesos por la reparación del daño, cumplen su pena con servicio a la comunidad.
“Yo creo que independientemente del partido, del color, si las cosas no se hicieron bien, siempre se tiene que seguir una investigación y si la investigación te arroja que, obviamente, hay una culpabilidad, así tiene que ser”, aseguró.
Asimismo, llamó a que, al acercarse el proceso electoral, exista responsabilidad y que solo se dé a conocer información, cuando se haya comprobado la culpabilidad de los implicados. “Hay que esperarnos a ver qué es lo que sucede. Al final, no creo que tenga que afectar al partido”, declaró.
SIN TINTES POLÍTICOS
En tanto, Martín Arango, secretario general del PAN, descartó que existiera tintes políticos en esta aprehensión y recordó que, durante el proceso de entrega recepción de dicha administración, se detectó que había irregularidades en los materiales y, a partir de ahí, se aportaron elementos para que existieran sanciones.
Asimismo, celebró que, pese a haberse su citado este evento hace varios años, la Fiscalía General haya continuado las investigaciones.
“Absolutamente (…) supe que se estaban aportando diversos medios probatorios y supe de diversas irregularidades que hubo desde la presentación del acta de entrega-recepción en el año 2015. Es un asunto que se está conociendo con toda objetividad”, aseveró.
Cabe recordar que, de acuerdo con la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, los ex funcionarios aprobaron la compra de material de construcción, sin que este fuera entregado a la administración, sino a un predio particular.