/ jueves 17 de agosto de 2023

Piden a jueces sostener ley anti tabaco

En Querétaro la mayoría de los amparos interpuestos de manera individual fueron desechados desde la primera instancia


La organización no gubernamental Salud Justa refirió que lleva a cabo el monitoreo de los amparos interpuestos por la industria restaurantera en los estados, incluido Querétaro y llamó a los jueces a “resolver a favor de la salud”.

“Observamos que, en la Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila, Querétaro, Quintana Roo, Morelos, Guanajuato, Puebla y el Estado de México, se presentaron mil 773 amparos en contra del reglamento (…). Desde la sociedad civil continuamos con el monitoreo y estamos presentado Amicus Curiae en diversos Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados para proporcionar información que respalde el reconocimiento de la legalidad del reglamento”, refirió Claudia Moreno, abogada de la organización.

La organización, en conjunto con algunas otras como CÓDICE, Restauranteras Feministas, Refleacciona y México SaludHable, han exhortado a los jueces a considerar en primera instancia la salud de las personas al determinar las sentencias de los amparos interpuestos por el gremio restaurantero a nivel nacional.

De acuerdo con los datos recopilados por Salud Justa, en Querétaro la mayoría de los amparos interpuestos de manera individual fueron desechados desde la primera instancia y los que han avanzado en el camino legal para rehabilitar las áreas para fumadores en los establecimientos han sido la minoría.

En ocasiones han asegurado que la estrategia implementada por la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), ha sido engañosa tanto para los consumidores como para sus propios socios, puesto que la abogada Darina García consideró que la información sobre el amparo difundida por la cámara ha sido incorrecta y puede provocar desorientación tanto en sus socios como en los consumidores.

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“Tomó mucho tiempo construir y lograr la aprobación de una regulación justa que pone límites a una industria que cobra por enfermar a las personas, ¿Qué vale más su bienestar económico (que no es expansivo) o nuestro derecho a la salud?”, consideró la abogada.


La organización no gubernamental Salud Justa refirió que lleva a cabo el monitoreo de los amparos interpuestos por la industria restaurantera en los estados, incluido Querétaro y llamó a los jueces a “resolver a favor de la salud”.

“Observamos que, en la Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila, Querétaro, Quintana Roo, Morelos, Guanajuato, Puebla y el Estado de México, se presentaron mil 773 amparos en contra del reglamento (…). Desde la sociedad civil continuamos con el monitoreo y estamos presentado Amicus Curiae en diversos Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados para proporcionar información que respalde el reconocimiento de la legalidad del reglamento”, refirió Claudia Moreno, abogada de la organización.

La organización, en conjunto con algunas otras como CÓDICE, Restauranteras Feministas, Refleacciona y México SaludHable, han exhortado a los jueces a considerar en primera instancia la salud de las personas al determinar las sentencias de los amparos interpuestos por el gremio restaurantero a nivel nacional.

De acuerdo con los datos recopilados por Salud Justa, en Querétaro la mayoría de los amparos interpuestos de manera individual fueron desechados desde la primera instancia y los que han avanzado en el camino legal para rehabilitar las áreas para fumadores en los establecimientos han sido la minoría.

En ocasiones han asegurado que la estrategia implementada por la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), ha sido engañosa tanto para los consumidores como para sus propios socios, puesto que la abogada Darina García consideró que la información sobre el amparo difundida por la cámara ha sido incorrecta y puede provocar desorientación tanto en sus socios como en los consumidores.

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“Tomó mucho tiempo construir y lograr la aprobación de una regulación justa que pone límites a una industria que cobra por enfermar a las personas, ¿Qué vale más su bienestar económico (que no es expansivo) o nuestro derecho a la salud?”, consideró la abogada.

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