Integrantes de la Red en Defensa del Agua y la Vida (REDAVI) exigen a las autoridades del estado de Querétaro se haga efectivo el Acuerdo de Escazú, luego de la aprobación de la llamada Ley de Concesiones en torno al vital líquido, en un seguimiento en contra de esta normatividad que consideran privatiza el servicio de agua.
"Exigimos que se haga efectivo por parte del estado de Querétaro el Acuerdo de Escazú, ratificado por México el 5 de noviembre de 2020 centrado en el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales", indicaron los voceros de esta organización, quienes prefieren se hable como organización.
Sobre esto, detallaron que dicho acuerdo tiene por finalidad la protección de los defensores del medio ambiente y a garantizar el acceso a la información, entre otros rubros, del que forman parte 13 países de América Latina, mismo al que buscan apelar ante la Ley de Concesiones en Querétaro.
Luego de 87 de movilización como sociedad civil organizada, donde además participan cerca de 40 organizaciones y población de comunidades indígenas de Santiago Mexquititlán, en el municipio de Amealco, se han enfrentado a distintos procesos jurídicos, en una lucha desde la paz y la legalidad.
Asimismo, exigieron el cese a la criminalización de los activistas, pues afirmaron que esta ley pone en riesgo derechos, ecosistemas y justicia hídricca, que se da en un contexto de discriminación y agresión hacia personas y comunidades defensoras medioambientales.
"Existe estigmatización cuando desde el poder público se difama, se desacredita o se desprestigia la labor de defensa de derechos humanos. Existe agresión cuando se vulnera, hostiga, deshumaniza o violenta a un individuo o grupo. Existe criminalización cuando se manipula el derecho penal y el sistema judicial para limitar la labor de personas defensoras".
Además, reiteraron que existen diversos análisis y organismos que han realizado evaluaciones sobre los casos del agua en Querétaro y los conflictos con autoridades estatales, mismos que avalan un uso excesivo de la fuerza pública y de intimidación, por lo que buscarán con este acuerdo dar solución jurídica a estos asuntos.
"En 2020 la Iniciativa Mesoamericana de mujeres defensoras alertó sobre una campaña de descalificaciones, calumnias, desprestigio, amenazas y criminalización de la defensa territorial en las comunidades de Amealco. Asimismo, Front Line Defenders emitió una alerta global por las distintas agresiones a mujeres ambientalistas, periodistas y ejidatarias en la zona Metropolitana de Querétaro".
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