Diversas asociaciones ciclistas en Querétaro hicieron un llamado a las autoridades para mejorar el Plan de Acción para Atención de Víctimas de Hechos Viales, luego de que la activista Gabriela Cobos fuera arrollada por un tractocamión, sin que el responsable fuera detenido ni la aseguradora cubriera sus gastos médicos.
Esto el pasado 17 de julio, en la vialidad Corregidora Norte, a la altura de Plaza Bulevares, cerca de Boulevard Bernardo Quintana.
Las organizaciones sociales de ciclistas contabilizan seis casos de ciclistas fallecidos en lo que va de 2023, en la capital queretana, víctimas de atropellamiento.
"Al día, sigo sin saber sobre el seguro privado de la empresa de transportes. Tras mi denuncia no he tenido respuesta. El viernes 21 llamé y me dijeron que están ya los videos del C4 en peritaje (...) el día de mi accidente mis familiares fueron a todas las fiscalías y no les daban ninguna información", indicó Gabriela Cobos.
Y es que la ciclista refiere una serie de situaciones del proceso judicial y de salud al ser arrollada, un fenómeno que, dijo, todos los ciclistas y peatones tienen que afrontar, por lo que precisó la mejora de este plan y otros protocolos de atención para los casos como el suyo.
"Ingresé al ISSSTE y me dieron de alta al día siguiente, sin que me hubiera revisado personalmente ningún especialista que constatara, por ejemplo, la inflamación que ha ameritado que me realicen dos drenados de sangre. Sin que yo tenga medicación ni indicaciones precisas".
Añadió que entregarán un oficio dirigido a la Secretaría de Salud del estado, quien preside el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de Accidentes (COEPRA), en el que solicitarán tomar las medidas correspondientes para mejorar la respuesta y atención médica prehospitalaria ante los hechos de tránsito.
Ante ello, proponen que la evaluación del Plan de Acción para Atención a Víctimas de Hechos Viales sea a través de mesas de análisis y propuestas, contemplando acciones y compromisos institucionales, así como descripciones de mejora en sus servicios y la conformación de un informe público de sus avances.
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Asimismo, pretenden que se elabore un Protocolo Integral de Atención a Víctimas Viales, desde el minuto cero, que incluya responsabilidades y funciones de los distintos actores públicos y privados para acompañar a las personas a través de los procesos de salud, penales y psicológicos.
