El Gobierno del estado trabaja en una medida jurídica para que puedan brindar los datos de los pacientes confirmados de Covid-19 a las autoridades de seguridad sin violentar la protección de los mismos, aseguró el jefe del Reglamento Sanitario Internacional del estado, José Hernández Puga.

Esto tras lo aprobado por el Congreso local respecto a que serán sancionados con entre 4 a 6 años de prisión los casos confirmado con Covid-19 que rompan su aislamiento durante su periodo de contagio.

De acuerdo con la recomendación emitida por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Querétaro (Infoqro), las autoridades de salud deben procurar la amplia protección de datos personales de los casos confirmados o sospechosos de Covid-19.

“Los responsables del tratamiento deben proteger la confidencialidad sobre cualquier dato personal o personal sensible relacionado con cualquier caso de Covid-19”, se lee en la recomendación emitida el 28 de marzo por Infoqro.

El funcionario estatal afirmó que revisarán con las autoridades que ejecutarán las reformas al Código Penal del Estado que aprobaron los diputados, para establecer cómo podrán cumplir con lo dispuesto en la ley.

“El órgano judicial del Poder Ejecutivo ya ha instruido algunos mecanismos para que se pueda dar esta acción sin coartar los derechos del paciente”, enfatizó.