Aunque en Querétaro no se han sumado al paro de actividades ni jueces ni magistrados del Poder Judicial en Querétaro, personal del Centro de Justicia Penal Federal en el estado sí protestó en contra de la reforma judicial bajo lo que denominaron un paro pausado, a la espera del pronunciamiento de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED).
Gerardo Martínez Carrillo, coordinador de magistrados de circuito del estado de Querétaro, mencionó que el paro de actividades en el estado comenzaría a partir de las 00:00 horas del 21 de agosto, sólo si se autoriza por parte de jueces y magistrados a nivel nacional; incluso, dijo que la decisión de esperar al paro se tomó pese a que en varios estados se inició con éste desde el 19 de agosto, y añadió que si los trabajadores deciden irse a paro, previo a que lo determinen jueces y magistrados, no tendrán repercusiones por ello.
Martínez Carrillo adelantó que, además, jueces y magistrados analizan ingresar solicitudes de medidas cautelares en contra de la reforma ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales advierten al Estado Mexicano de la afectación a la independencia judicial, por lo que las calificó como una medida preventiva; indicó que, una vez aprobada la reforma judicial, se analizarán otras vías como amparos.
“Son medidas preventivas, obviamente ya después aprobada la reforma entrarían otros mecanismos para defenderse de hechos consumados, como es la aprobación de la reforma en todos sus términos y ahí empezaría un litigio en forma contra la determinación ya tomada”, señaló.
En tanto, Germán Briseño Sáinz, secretario general de la sección 10 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) en Querétaro, confirmó que los trabajadores siguen laborando de manera cotidiana a la espera de que “el patrón”, es decir, jueces y magistrados, notifiquen la suspensión de labores.
Argumentó que la ley les impide hacer un paro, pues es facultad del patrón determinar dicha situación, por lo que mencionó que en caso de hacer un paro podría haber consecuencias económicas para los trabajadores.
“Normativamente el único que puede suspender o declarar inhábiles los días es el patrón, jueces y magistrados son el patrón, ellos justifican si se abre o no se abre, ellos justifican inasistencias, no el sindicato, el sindicato no es el patrón. De acuerdo a sus facultades ellos son los únicos que pueden suspender, si nosotros nos adelantamos y ellos no suspenden entonces vienen consecuencias de impago”, apuntó.
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Sin embargo, trabajadores del Centro de Justicia Penal Federal, quienes colocaron un aviso al exterior del edificio sobre la situación, se unieron al paro nacional. Carlos Alberto Velasco González, asistente de constancias y registros del centro, indicó que se trató de un paro en rechazo a la reforma judicial por temas como el impacto en la carrera judicial y aclaró que continuarán atendiendo asuntos de urgencia; asimismo, expuso que dicha suspensión de labores se realizó pese a que el sindicato les diera a conocer las implicaciones que esto podría tener.
“Es importante mencionar que sabemos la afectación que estamos causando, pero principalmente este paro se debe a velar porque esta impartición de justicia se siga garantizando en el país. Vamos a mantener guardias presenciales, por la materia en que nos encontramos, que es penal, vamos a recibir los asuntos de carácter urgente, el Centro de Justicia cierra las puertas de manera figurada”, informó.