Tras aprobarse en el Congreso local, el incremento hasta a cinco años de prisión a quien impida la ejecución de una obra o trabajos públicos, la ambientalista Pamela Siurob externó la preocupación de los activistas y, subrayó, que pareciera ser que dará “carta abierta a un gobierno para reprimir a sus ciudadanos”.
El pasado jueves 30 de abril, el Congreso del Estado aprobó incrementar de tres a cinco años de cárcel, a quien procure con actos materiales, impedir la ejecución de una obra o trabajos públicos, así como el pago de una multa de hasta 200 veces el valor diario de la Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, alrededor de 17 mil 376 pesos.
Anteriormente, se aplicaban de tres meses a un año de prisión y hasta 20 UMA de multa; es decir, mil 737 pesos en estimado.
Al respecto, la ambientalista afirmó que hay muchos ciudadanos que se oponen a la realización de obras públicas; en este sentido, llamó al grupo mayoritario en el Congreso a atender cuestiones como la alimentación y la mala calidad ambiental, que también propician complicaciones frente al Covid-19, como la diabetes.
“El grupo mayoritario aprovechó el momento de una emergencia sanitaria para pasar varios artículos que debieron haberse discutido. Es una de las situaciones que nos preocupa, porque está encubierto con ese terror y ese pánico”, dijo.
En tanto, el coordinador de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), el panista Miguel Ángel Torres Olguín enfatizó que con esta modificación se buscó “que la obra pública no se detenga”, así como evitar aglomeraciones. Subrayó que “lo que menos se está buscando” es aprovecharse de la pandemia.
“La obra pública genera economía en el estado y genera economía en las familias, y así como, de pronto, se puede pensar en que alguien esté organizando un saqueo a una tienda, se pudiera también pensar que alguien pudiera organizar ese tipo de acciones”, argumentó.
