De 2017 a la fecha, la Defensoría de Derechos Humanos del estado de Querétaro presentó tres acciones de constitucionalidad, entre ellas una por las modificaciones al Código Penal, de la denominada “Ley garrote”, informó Roxana de Jesús Ávalos Vázquez, presidenta del organismo.
A días de concluir su gestión, Ávalos Vázquez recordó que las otras dos acciones tuvieron que ver con ajustes a la ley de evaluación y de seguridad interior del estado de Querétaro.
“Fue sobre el Código penal, que aunque se hicieron modificaciones después de que hablamos con diputados hicieron las modificaciones, pero de todos modos no retiramos la acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte lo determine”, indicó.
En el marco de la presentación de su informe de actividades correspondientes al 2021, la presidenta destacó que en ese periodo se presentaron 489 quejas por violaciones de derechos humanos, de las cuales 315 fueron contra autoridades estatales, 163 municipales, 10 federales y una contra autoridades de otros estados.
Entre los derechos humanos violentados se identificó, en primer lugar la legalidad y seguridad jurídica, seguido de igualdad y trato digno, integridad y seguridad personal, libertad, protección de la salud, petición, privacidad, propiedad y posesión, trabajo, vida; acceso, disposición y saneamiento del agua; educación y medio ambiente.
Roxana de Jesús expuso que de las 489 quejas presentadas, se emitieron 386 acuerdos de resolución, de las cuales seis concluyeron en recomendaciones, en 18 hubo un acuerdo de responsabilidad, en cinco falta de interés, en 18 se declaró incompetencia, en 40 casos hubo desistimiento, en 49 hubo conciliación durante el trámite y en 245 no se acreditó la violación de derechos humanos.
Expresó que en los cinco años se presentaron dos mil 862 quejas, de las cuales 439 fueron en 2021, 562 en 2020, 797 en 2019, 657 en 2018 y 407 en 2017.
La presidenta de la DDHQ indicó que en toda su gestión se presentaron cuatro iniciativas de ley, entre ellas la de la reforma al código civil de Querétaro para permitir la unión civil entre personas del mismo sexo.
Cuestionada al término de su informe, expuso que uno de los casos que quedaran pendientes para la próxima administración será el caso de los policías de Pedro Escobedo, el cual continúa en trámite para emitir la sanción correspondiente.
“Sigue el trámite de la queja, se está documentando el expediente, como el tema es bastante evidente, pero también es de escuchar a todas las partes, justamente el tema de imparcialidad y además es un principio constitucional que se debe escuchar, la garantía de audiencia”, concluyó.