Las personas interesadas en prestar el servicio de seguridad privada o vigilancia deberán solicitar autorización a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con el objetivo de que se sometan a evaluaciones de control de confianza, esto de acuerdo con una iniciativa de ley presentada por Christian Orihuela Gómez, diputado local de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En rueda de prensa, el legislador indicó que se trata de una reforma a la ley de seguridad del estado de Querétaro, en la cual, además, se pretende contar con un registro de las personas que presten este tipo de servicio.

“Que se adecúe para que el personal de seguridad de cualquier establecimiento comercial cumpla con lo establecido en la ley de seguridad del estado de Querétaro, con estas adecuaciones se consideran las personas físicas que presten este servicio de seguridad y/o vigilancia en establecimientos comerciales de cualquier giro”, comentó.

El diputado señaló que la SSC deberá regular la autorización, registro, habilitación, operación capacitación, verificación y evaluación de los prestadores de este tipo servicio, quienes también deberán sujetarse a las evaluaciones de control de confianza como lo realizan los policías municipales y estatales.

Orihuela Gómez agregó que, actualmente, la ley no considera al personal de vigilancia y seguridad como personas físicas, si no solo a las empresas de seguridad privada, por lo que destacó la necesidad de que se reconozca a quienes fungen como tal para poder identificarlos.

Lo anterior, tras recordar que al menos desde 2013 se han registrado incidentes en establecimientos, la mayoría de ellos nocturnos, en los que se han visto involucrados guardias de seguridad, el nomás reciente ocurrido en La Culpable, donde falleció un hombre de nacionalidad extranjera.

“No tenemos un registro, también en esta iniciativa pretendemos tener un registro de cada una de las personas, porque pudimos ver un hecho muy lamentable en el bar La Culpable y no supieron quiénes son las personas, si tenían algún control de confianza o antidoping”, señaló.

El legislador detalló que se tiene conocimiento de la existencia de 80 bares y 30 antros, en los que laboran personas que no cuentan con capacitación ni evaluaciones de control de confianza por lo que subrayó la necesidad de contar con dicho padrón.