El coordinador de los diputados del PRI, Hugo Cabrera Ruiz, manifestó el rechazo de los diputados del tricolor ante la consulta ciudadana sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por considerarla una “pantomima”, opaca y fuera de todo orden constitucional que generará una “cascada” de amparos para evitar la cancelación del proyecto.
Los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se unieron al punto de acuerdo que presentaron los legisladores federales de este partido para exhortar al equipo de transición del presidente electo, con el fin de que se garantice la transparencia y objetividad de la consulta, porque de acuerdo con Hugo Cabrera existen “muchas incógnitas” sobre cómo se llevará a cabo.
Acompañado de las diputadas locales Karina Careaga, Abigail Arredondo y Guadalupe Cárdenas, Hugo Cabrera insistió que la consulta es anticonstitucional e ilegal, además que pone en riesgo una obra que se planeó desde hace 20 años y será una de las más importantes para el futuro del país.
Cabrera Ruiz responsabilizó al gobierno de transición por la decisión que se tome y que pueda mermar la economía, porque hoy los mercados internacionales tienen nerviosismo “porque nuestra moneda no está en los estándares de solidez en que debería estar, hay preocupación en la economía de país y recordar que mucho del recurso que se utiliza es privado y son licitaciones internacionales”.
Subrayó que los diputados del PRI no pueden ser omisos ni quedarse con los brazos cruzados, porque es una obra que generará más de 160 mil empleos durante su construcción y más de 450 mil al alcanzar su máximo desarrollo, además de que promoverá mejores condiciones de vida para cuatro millones de personas de la zona, gracias a obras de drenaje, pavimentación, edificación de espacios comunitarios, entre otros.
La consulta sobre el aeropuerto se realizará del 25 al 28 de octubre a través de mil 73 mesas en 538 municipios de los 32 estados del país, pero los priistas exigieron que se garanticen condiciones de transparencia en este ejercicio, sobre todo porque si se detienen las obras “vendrán acciones jurídicas contundentes”.