La presidenta del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Querétaro, Mara Morales, alertó sobre fraudes con presuntos remates bancarios inmobiliarios, ya que se han reportado algunos casos.
“Esporádicamente hemos escuchado de un cliente que ha sido sujeto de fraude”, dijo.
Refirió que como Consejo no llevan la contabilidad de esos casos, pero a los asociados les han llegado personas que fueron víctimas de este tipo de delito mediante la supuesta venta de viviendas.
“Los clientes han sido víctimas de fraude por la desinformación, la publicidad que abunda al respecto, finalmente el precio de oportunidad es el que atrae a los clientes que no conocen del tema, para hacerse de un inmueble”, señaló.
También señaló que las personas interesadas en esas transacciones se sienten defraudadas por el incremento en los precios de las casas ofrecidas, ya que el costo inicial aumenta porque se deben pagar los procesos judiciales, el traslado de dominio y la deuda pendiente por pagar ante las instituciones bancarias.
“El que uno vea ‘remate’ no significa que vas a pagar eso por esa propiedad o ese bien mueble o inmueble. (…) Si nosotros vemos un precio publicado de 500 mil pesos para una propiedad, este precio todavía va a ser sujeto a traslado de dominio y al costo de proceso judicial que estén pendientes”, señaló.
Enfatizó que una forma segura de comprar mediante un remate es con asesores acreditados que tengan experiencia en la venta de remates inmobiliarios, ya que es una operación compleja que requiere también abogados especializados.
“Hay que hacer toda una investigación de quién lo está promoviendo para saber que es un experto en el tema y que es un asesor certificado, yo creo que esos dos elementos nos pueden ayudar a decidir si vamos a contactar la propiedad de interés”, mencionó.
Recalcó que las personas pueden revisar el directorio del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Querétaro para buscar un profesionista certificado.
En tanto, Ilianova López, asesora inmobiliaria en Galame Inmobiliaria, señaló que el aumento de precio en un remate inmobiliario contempla un doble pago de traslado de dominio, los gastos del proceso legal, Impuesto Sobre la Renta y los abogados involucrados.
Ejemplificó que, en su caso, lo que realizan es un contrato de prestación de servicio con el 75% de anticipo del valor del remate y muestran el expediente judicial para que los clientes comprueben que hay un proceso legal.
Refirió que en promedio los procesos duran 8 meses, pero hay algunos que han llevado más tiempo.
“La mayoría de estos remates son cesiones de derecho que, lo que hacen, es venderles un problema a los clientes, ellos tienen que contratar a un abogado para que les termine el trámite y otro de los puntos es que no precisamente se quedan con la propiedad, porque muchas veces se hacen negociaciones y no se quedan con la propiedad”, subrayó.
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En prevención de este tipo de fraudes, la experta aconsejó tomar como “foco rojo” cuando el valor del inmueble que se está vendiendo está por debajo del 70% de su valor comercial, ya que podría tratarse de un fraude o que se está vendiendo un problema judicial.