El pasado 25 de enero, Mario apuñaló en siete ocasiones a su esposa Alejandra de 31 años de edad, en la comunidad Presa del Tecolote, y luego intentó suicidarse, todo frente a su hija de 14 años. El 7 de noviembre el juez penal de Amealco, condenó al victimario a 17 años de prisión por homicidio calificado, tras considerar que actuó bajo un “estado de emoción violenta”, atenuante que se eliminó del Código Penal apenas el 15 de octubre de este año y sin considerar el feminicidio, informó la activista Maricruz Ocampo.
La integrante del Comité Promotor de la Activación de la Alerta de Violencia de Género (AVGM) señaló que con este caso, del que no se tenía conocimiento público, se eleva a 19 la cifra de feminicidios este año, aunque las autoridades solo reconocen uno de ellos y se teme que los fiscales no aporten los elementos necesarios para reconocer los asesinatos de mujeres como feminicidios.
En el caso de Alejandra, ni siquiera se acreditó la relación con Mario porque no se presentó el acta de matrimonio y se hizo atestiguar a niñas, toda vez que en el expediente puede leerse el testimonio de la hija de 14 años, quien narró las discusiones entre sus padres por una supuesta infidelidad de su madre, la manera en la que Mario acudió a acusarla con los abuelos maternos y cómo le pidió perdón a su hija por “lo que voy a hacer”.
Las integrantes del Comité denunciaron que en este caso no sólo hubo errores técnicos y desconocimiento de los derechos humanos, sino que no se juzgó con perspectiva de género, que daría pena mínima de 20 años de prisión, además que el juez consideró que el victimario vivió “circunstancias que lo motivan a llegar al hecho”, porque su conducta precedente “Era buena, normal. Eso le crea a un estado emocional distinto y lo lleva a un hecho irreparable”.
El caso contó con el dictamen de una perito, “Que fue expulsada del Colegio de Psicólogos en fechas recientes”, donde se estableció que el asesinato ocurrió por emociones que le fueron incontrolables a Mario porque “Vio dañada su hombría, lo que le dañaron la razón y lo llevaron a cometer un acto de violencia provocados por el machismo, estándares y creencias culturales del sujeto activo”.
La psicóloga describió primero a Mario como libre de patologías, pero después lo señala como una persona con “patologías clínicas diversas”, entre ellas disociación, despersonalización, sentido del futuro de desesperanza, bajo cociente intelectual y bajo nivel de inteligencia emocional.
En el caso de Mario se señala el estado de emoción violenta como una atenuante porque cuando ocurrieron los hechos, el 25 de enero, todavía existía esta figura en el artículo 134 del Código penal del estado. El artículo se modificó el 25 de octubre para evitar que otras personas usen este alegato y se hagan plenos responsables.
“Esto todavía estaba vigente cuando él cometió el acto, antes de hacerlo va al cuarto de su hija y le dice: perdóname por lo que voy a hacer y luego mata a la mamá. Desde ahí hubo graves deficiencias de la fiscalía, que se va por homicidio calificado y no por feminicidio, había relación de pareja, celos, la golpeó plenamente, amenazó con matarla, todo está en el Código, pero la fiscalía habla de homicidio calificado, estuvo tan mal llevado que ni siquiera pudieron acreditar el parentesco porque ni siquiera fueron por un acta de matrimonio al Registro civil”, explicó.
En el proceso tampoco se define qué sucederá con las hijas de la pareja, que en ese momento tenían 14, 10 y 4 años y requieren tratamiento psicológico, además de recursos para su manutención porque están bajo el cuidado de los abuelos maternos y no tienen dinero para apelar el caso.
“Durante todo el juicio hubo ataques constantes a la víctima, se dijo que él encontró dos mensajes de celular, nunca supo nada, nunca vio nada, la golpea, la lleva con los papás a acusarla de dañar a la familia por infidelidad y por su decisión de salir a trabajar. La psicóloga argumenta que fue afectado en su hombría y que eso lo puso en vergüenza delante de sus hijas y la comunidad y lo llevaron a defender su honor de esa manera. Aquí no hay reparación del daño, la sentencia es menor que la del feminicidio”, acusó Maricruz Ocampo.
Las integrantes del Comité analizan posibles medidas jurídicas ante este caso, para que se reconozca el feminicidio y se garantice la protección de las hijas a través de otorgarle la custodia a los familiares de Alejandra, aunque hasta ahora los abuelos paternos no solicitaron esta posibilidad.
Hoy en día las integrantes del Comité contabilizan 19 casos de feminicidio en 2018, pero sólo uno tiene el reconocimiento de las autoridades. En los últimos tres años las organizaciones sociales contabilizaron más de 60 feminicidios en el estado, promedio de poco más de 20 caso al año.
