El diputado Ulises Gómez de la Rosa propuso la creación de una comisión especial encargada de investigar las concesiones otorgadas para la prestación de los servicios de agua en el estado, esto para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos hídricos.
El legislador comentó que la intención es garantizar que las concesiones que se han otorgado cumplan con criterios de eficiencia y justicia para la ciudadanía; destacó que el derecho al agua es fundamental para el desarrollo social y económico, y añadió que la falta de acceso a este recurso pone en riesgo derechos humanos básicos.
La comisión especial propuesta tiene como objetivo investigar el ejercicio de las atribuciones de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) y de los municipios como comisarios de las concesiones otorgadas para prestar los servicios de agua potable, saneamiento y drenaje.
Entre los puntos clave que el legislador propone que se investiguen en dicha comisión están la transparencia en la entrega de concesiones, permisos y autorizaciones; revisar el cumplimiento de términos legales y técnicos establecidos para la concesión de los servicios; evaluar las tarifas cobradas por concesionarios y los estudios técnicos que sustenten su operación; la calidad del agua suministrada y el estado de la infraestructura utilizada para la distribución del recurso, y el cumplimiento de los acuerdos de Cabildos y la existencia de garantías para el buen desempeño de los concesionarios.
Gómez de la Rosa subrayó que los factores como el crecimiento poblacional, la contaminación y la gestión inadecuada del agua han convertido al agua en un tema prioritario para la Legislatura.
"Es innegable la condición de muchos queretanos que no tienen acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura. El tema del agua es y seguirá siendo recurrente en esta Legislatura, y tenemos el compromiso de no ser omisos ni evasivos en la discusión", expresó.
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Resaltó que la creación de dicha comisión es fundamental para garantizar que las concesiones no se otorguen sin el debido control y supervisión, protegiendo con ello el interés público y asegurando que los servicios de agua sean proporcionados de manera eficiente, accesible y justa.