/ lunes 3 de enero de 2022

Proponen que servidores públicos sancionados no vuelvan a ejercer un cargo público

Paul Ospital presentó una reforma constitucional al artículo 100 de la Constitución Política del estado de Querétaro


El diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paul Ospital, presentó una reforma constitucional con la finalidad de que todo servidor público sancionado por corrupción o faltas administrativas graves, no pueda volver a ejercer un cargo público.

Esta iniciativa de ley contempla la reforma al artículo 100 de la Constitución Política del estado de Querétaro que contempla las obligaciones de los servidores públicos y dichas sanciones en caso de que se haga efectiva esta ley, también conocida como de "muerte civil".

Paul Ospital resaltó que es importante definir que un servidor público es aquella persona que ejerce un empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, municipios, así como en las demarcaciones territoriales, por lo que debe cumplir con un deber ciudadano.

"La “muerte civil” se habla como pena, como sanción al servidor público; sin embargo, se propone una muerte civil sancionada desde un punto administrativo o constitucional, no como la pena que se cumple por el delito”, destacó.

Asimismo, comentó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), realizada en el 2019 por el INEGI, el 1.9% de la población de 18 años o más percibió que los actos de corrupción son más frecuentes.

De igual manera, sostuvo que el 83.6% de las personas encuestadas manifestó que la corrupción es una práctica frecuente en los partidos políticos, seguido de los cuerpos policíacos, con el 77.6%, por lo que es un tema importante para evaluarse.


El diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paul Ospital, presentó una reforma constitucional con la finalidad de que todo servidor público sancionado por corrupción o faltas administrativas graves, no pueda volver a ejercer un cargo público.

Esta iniciativa de ley contempla la reforma al artículo 100 de la Constitución Política del estado de Querétaro que contempla las obligaciones de los servidores públicos y dichas sanciones en caso de que se haga efectiva esta ley, también conocida como de "muerte civil".

Paul Ospital resaltó que es importante definir que un servidor público es aquella persona que ejerce un empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, municipios, así como en las demarcaciones territoriales, por lo que debe cumplir con un deber ciudadano.

"La “muerte civil” se habla como pena, como sanción al servidor público; sin embargo, se propone una muerte civil sancionada desde un punto administrativo o constitucional, no como la pena que se cumple por el delito”, destacó.

Asimismo, comentó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), realizada en el 2019 por el INEGI, el 1.9% de la población de 18 años o más percibió que los actos de corrupción son más frecuentes.

De igual manera, sostuvo que el 83.6% de las personas encuestadas manifestó que la corrupción es una práctica frecuente en los partidos políticos, seguido de los cuerpos policíacos, con el 77.6%, por lo que es un tema importante para evaluarse.

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