En Querétaro hay una negativa a reconocer la problemática de las y los desaparecidos en el estado, lo que vulnera a familias que padecen esta situación; así lo aseguró Aleida Quintana, activista y representante del grupo T'ek'ei, luego de señalar las inconsistencias por parte de la Fiscalía en el caso de la desaparición del menor Alfredo Kevin Pérez Hernández, desaparecido el 19 de marzo de este año, el cual acompaña.
"Ya hemos denunciado esta negativa; el gobierno sabe la gravedad de la problemática y parece que hay una política de ocultamiento de la desaparición, así como los delitos derivados de esta como la trata de personas, feminicidios, delitos sexuales y tiene que ver con esta política de mantener una imagen de un estado seguro, pero en esta pretensión están vulnerando los derechos de las personas", afirmó la también antropóloga por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
Añadió que las omisiones y formas de tratar estos casos ponen en riesgo a la población, como en el caso del menor desaparecido, donde señaló diversas inconsistencias como la respuesta tardía por parte de las autoridades ante la denuncia de Altagracia Hernández, madre del menor, así como la negativa a activar la Alerta Amber bajo el argumento de que la fiscal lo consideró innecesario por no reunir -bajo su criterio- los requisitos.
"La madre intentó poner la denuncia el mismo día que desapareció el menor; ella, por condiciones personales y de salud, no podía ir a Fiscalía y los policías que llegaron a su casa le niegan el proceso y también le niegan la posibilidad de que el esposo ponga esa denuncia, pero la ley establece que la Fiscalía tiene que realizar el reporte teniendo una noticia o que cualquier persona de lazo cercano pueda poner una denuncia", indicó.
Refirió que la segunda inconsistencia fue la activación de la Alerta Amber, que es un protocolo para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, cuyos requisitos para ponerlo en marcha es que sea un menor de edad, que se encuentra en riesgo y otorgar los datos generales para su rastrero; sin embargo, mencionó que el problema de este proceso es que no se analiza el contexto en el que ocurren estos actos.
"Desde T'ek'ei sabemos que el contexto que vulnera a niñas, niños y adolescentes vulnera y solo por el hecho de desaparecer se debe activar, con los mecanismos y los indicios que tenemos de algunos testimonios de vecinos, grabaciones de cámaras, el testimonio de la madre y llamadas recibidas nos alertan sobre la integridad del menor y bajo ese sentido es que se tiene que atender", detalló.
Reclamó que la Fiscalía ha desestimado estas pruebas "bajo el argumento de que son otros delitos o que las llamadas que se reciben se tratan de extorsiones", situación que no se niega, pero tampoco se le da seguimiento a la extorsión, algo que las familias de desaparecidos tienen que afrontar continuamente. Asimismo, señaló la poca información que las autoridades han dado a la familia.
"Hay muy poca información a la familia de cómo va el proceso de búsqueda y lo que la familia encuentra es que inician la denuncia el 22 y hasta el 25 la Fiscalía inicia investigaciones. Esto es violatorio de los derechos humanos. Me preocupa la mentira que utilizan para ellos, de que el mecanismo no funciona, que es difícil de activar, que no conviene o asegurar que su hijo no está en situación de vulnerabilidad, cuando los datos dicen lo contrario", concluyó.
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