Que las licencias de construcción que emite el Municipio de Querétaro, señalen explícitamente las observaciones por las cuales no procede y que las correcciones ingresen en el mismo número de folio o expediente para que el interesado no vuelva a pagar el trámite, pide el diputado de la LIX Legislatura, Ricardo Caballero a través de una iniciativa que presentó.
“Al no señalar las causas donde se determina improcedente la licencia de construcción, deja al solicitante en un estado de incertidumbre, pues no saben cómo subsanar lo que falta o está mal y luego deben volver a hacer un nuevo pago para ingresar como nuevo trámite”.
En ese sentido, expresó que esta iniciativa de reforma al artículo 17 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, tiene el propósito de fortalecer los procesos para la mejora regulatoria en el ámbito estatal e introducir un cambio importante en favor de la sociedad, a fin de armonizarlo con la ley federal, para que sean 5 días hábiles el tiempo para subsanar las prevenciones.
“Que se señale e informe al mismo, que dicha resolución es subsanable y que estipule claramente el plazo para que corrija o solvente lo solicitado; además, con la finalidad de garantizar que no exista menoscabo en la economía del solicitante y respetando el principio de economía procesal”
En rueda de prensa el diputado local por el Partido Encuentro Social (PES), expuso que además presentó otra iniciativa de ley para que el padrón de concesionarios vigentes, activos, tarifas y costos del transporte público, se encuentren disponibles para su consulta, a través de medios electrónicos, por ejemplo, de Gobierno del estado.
“A la fecha se encuentran vigentes las tarifas publicadas con fecha del 20 de agosto del 2010, aquí es donde me pregunto, ¿de verdad los concesionarios estarán cobrando lo que hace 10 años?, eso no puede ser por que los usuarios al momento de solicitar el servicio se encuentran con incertidumbre que genera la propia desinformación que no es clara ni precisa de las tarifas autorizadas”
Caballero González explicó que uno de los objetivos de la presente iniciativa es señalar puntualmente la prohibición de que se estipulen o cobren tarifas mayores a las de un servicio normal, por el simple hecho de que dicho servicio provenga o resulte de una infracción o sanción de las autoridades.
Advirtió, son de conocimiento general las irregularidades que existen en el cobro excesivo por parte de los concesionarios del servicio de salvamento y arrastre, así como el de depósito y guarda de vehículos, posicionando al usuario en un estado de indefensión ante los abusos por los altos cobros, o cobros indebidos de estos servicios.
Mencionó que también se busca sancionar con mayor severidad estas prácticas fraudulentas ejercidas por algunos concesionarios y que dolosamente incrementan las tarifas autorizadas, para que no quede solo en el cobro de una multa como actualmente se sanciona, sino que sea procedente de manera directa la suspensión temporal de los derechos derivados de la concesión, por un periodo de uno hasta 90 días.
“Dicho desconocimiento genera que no hagan uso de su derecho de queja, pues no saben si el monto que les fue cobrado es acorde a lo publicado en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga”.