La Red en Defensa del Agua y la Vida calificó como inaudito que tanto la Defensoría de Derechos Humanos del estado (DDHQ) como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no consideraran que la LX Legislatura no consultó a los pueblos originarios e indígenas en la conformación de la "ley de aguas" del estado, para presentar la acción de inconstitucionalidad contra esta ley.

A través de un comunicado de prensa, la Redavi enfatizó que no considerar a los pueblos originarios e indígenas viola el derecho a la consulta asentado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley de derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Querétaro.

"Los comunicados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de Derechos Humanos son omisos, y por lo tanto los vuelven cómplices. El primero se limita a distinguir entre la concesión de agua y la concesión de su servicio, evadiendo entrar en análisis de derechos humanos, como si la prestación del servicio público no tuviera un lugar central en la garantía del derecho humano al agua, consagrado en el artículo 4° constitucional. El segundo enuncia 39 páginas de doctrina, y concluye sin ningún ejercicio de análisis. Ninguno entra al estudio de los artículos", indicó.

El colectivo lamentó que no se tomaran en cuenta los señalamientos de más de 30 organizaciones de la sociedad civil respecto a que varios artículos de la ley que regula la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado son regresivos y violatorios de criterios de accesibilidad, disponibilidad, asequibilidad, progresividad, entre otros. Advirtió que, como red, consideran que la ley incrementará la desigualdad de acceso al agua.

"Tanto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México como el Relator Especial sobre el derecho humano al agua hicieron recomendaciones y alertas al gobierno mexicano respecto del contenido de la ley aprobada, ninguno de los anteriores fue tomado en cuenta", agregó.

La Redavi subrayó que en el proceso de aprobación y publicación de la ley se omitió atender el mandato del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información,la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, que señala que debe haber participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, motivo suficiente para controvertir dicha normatividad.

"El día lunes 20 de junio, corroboramos una vez más que las instituciones que dicen ser defensoras del pueblo y protectoras de nuestros derechos humanos están al servicio del gran capital y de intereses económicos, dejando de lado las necesidades básicas de vida y la voz del pueblo", comentó.

Por ello, la red convocó a la sociedad a no rendirse, no venderse y no claudicar, y la exhortó a interponer juicios de amparo en contra de esta ley. Asimismo, invitó a la ciudadanía a participar en el Festival Agua que Corre, que se llevará a cabo entre el 24 de junio y 17 de julio.

"Ahora más que nunca entendemos que la solución solo puede emanar del pueblo y para el pueblo. Por lo que necesitamos continuar organizándonos y tejiendo redes para seguir defendiendo el agua y la vida, y para seguir construyendo otros mundos", mencionó.

De igual manera, mostró su preocupación ante la criminalización de la protesta por parte del Gobierno estatal, "especialmente ahora que la policía queretana está siendo capacitada, por la Policía Nacional de Colombia, a petición exprofesa de Mauricio Kuri, país en el que la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han condenado graves violaciones a los derechos humanos".