Querétaro se convertiría en la tercera entidad en contar con una ley estatal de registro de agresores sexuales, en el que se incluirá a toda persona sentenciada por agresión sexual violación, esto de acuerdo con una iniciativa de ley presentada por el diputado Paul Ospital Carrera.
En rueda de prensa, el diputado expuso que Ciudad de México y Baja California ya cuenta con dicha ley, y detalló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prohibió que dicho registro fuera público en Ciudad de México, por lo que en la entidad tampoco sería público.
Dicho registro, que dependería de la Secretaría de Gobierno estatal, contendría fotografía actual de la persona agresora sexual, nombre, edad, alias, nacionalidad y delito o delitos sexuales por los que fue condenado mediante sentencia firme.
“La esencia de esta propuesta de ley es ponerles un tatuaje que los identifique de por vida, que a pesar de que cumplan una condena, que a pesar de que vayan a la cárcel y salgan, en esta readaptación social, se les quede ese tatuaje de por vida de que fueron abusadores sexuales, porque las víctimas sí se quedan ese tatuaje toda la vida, entonces queremos equiparar el daño”, precisó.
El diputado mencionó que lo primero es contar con dicho padrón para poder implementar una “agenda de persecución” contra los agresores sexuales, como impedir que tramiten licencias de conducir. “Se trata de hacerles la vida imposible como se la han hecho a distintas niñas y niños”, dijo.
Ospital Carrera mencionó que la iniciativa se presenta en el marco del día mundial en contra del abuso sexual infantil, que se conmemora el 19 de noviembre, y subrayó que las víctimas sí podrían acceder al tema y denunciar a los agresores socialmente.
El priista comentó que uno de cada 10 niños y una de cada 5 niñas son víctimas de violencia sexual infantil; agregó que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el abuso sexual infantil es el crimen encubierto más extendido de la historia, puesto que el 70% de los casos lo perpetran los familiares.
Indicó que la ley consta de 22 artículos y refirió que dicho registro dependerá de la Secretaría de Gobierno del estado, así como de la autoridad judicial; añadió que en México sólo el 2% de los casos se denuncia y se judicializa.
