Querétaro se encuentra en primer sitio nacional en presuntos delitos de violencia de género en todas sus modalidades por cada 100 mil habitantes al registrar 21.71 casos de enero a septiembre de 2022, de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Le siguen Veracruz con 14.45, el Estado de México con 11.48 y Guerrero con 5.87. En números totales de casos, Querétaro es el tercer sitio con 512 en el mismo periodo, en tanto que el Estado de México ocupa el primero (2 040) y Veracruz en segundo (1 248), siendo las entidades con mayor prevalencia de delitos de este tipo.
En el mismo documento, se registró que la entidad ocupa el octavo sitio en presuntos delitos de violación por cada 100 mil habitantes con 21.54 casos, por debajo de Quintana Roo (34.97), Chihuahua (30.13), Baja California Sur (28.19), Campeche (26.19), Hidalgo (24.91), Nuevo León (21.72) y Ciudad de México (21.65).
Asimismo, destaca en las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de acoso u hostigamiento sexual por cada 100 mil habitantes al colocarse en cuarto sitio con 14.29 casos, por debajo del estado de Chihuahua con 26.53, Colima con 21.01 y Baja California con 15.86.
En ese sentido, Laura Santos, directora de Investigación en el Colectivo de Litigio Estratégico e Investigación en Derechos Humanos (CLEIDH), señaló que estos registros se han venido dando con el tiempo, no solo del Secretariado sino incluso con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sin que estos disminuyan a falta de atención por parte de las autoridades.
"Existe mucha pasividad por parte del gobierno en turno, porque no existe un mecanismo necesario para atender el problema de manera pronta, para prevenir escenarios y esto, como se ha señalado, tiene que ver con posibilitar la transformación de las condiciones estructurales de la violencia de género".
Señaló que los registros en los que la entidad puntúa se pueden contemplar para desarrollar programas y políticas públicas para reducir los casos, pues los datos representan una oportunidad para medir la eficiencia en el trabajo de seguridad y deben servir para prestar atención y accionar medidas, antes que tomarlo como un simple ataque.
Indicó que es necesario armonizar las leyes federales y convenios internacionales con las locales respecto al trabajo en materia de género, mismos que deben operar si se tiene un estado con estos índices de violencia contra las mujeres, por lo que esta debe ser una prioridad.
