En el estado de Querétaro, 216 personas privadas de la libertad han manifestado su interés de votar en las elecciones de este 2 de junio por el cargo de la presidencia de la República.
El Instituto Nacional Electoral (INE) en Querétaro dio a conocer que esta semana comenzaron a revisar la información de estas personas que desean ejercer su derecho al voto, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos para la integración de listado nominal aprobados por el consejo general del INE.
Lo anterior, luego de que el 15 de diciembre de 2023 se firmara un convenio de coalición entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro (CESPQ), con el que se creó la Comisión especializada para ejercer el voto en los centros penitenciarios de Querétaro, el cual se instaló con el propósito de garantizar el derecho a votar de las personas en prisión preventiva en los cuatro centros penitenciario del estado.
En el arranque de la revisión de la información se contó con el apoyo de personal de la CESPQ, de la autoridad electoral y de protección a los derechos humanos; ésta deberá ser verificada por el INE, lo que permitirá preparar y organizar las siguientes etapas que contemplan la modalidad de voto anticipado dentro de la organización y celebración del proceso electoral del próximo 2 de junio.
Además, el INE recordó que la posibilidad de que las personas en prisión puedan votar se debe a una sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la que se estableció que las personas en prisión preventiva que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar, al encontrarse amparadas bajo la presunción de inocencia.
De acuerdo con los lineamientos del INE, las personas privadas de la libertad votarán del 6 al 20 de mayo. Actualmente, la revisión de documentos consiste en verificar que las personas se encuentren inscritas en el padrón electoral y la lista nominal.
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Los lineamientos también señalan que deberán proporcionar una ficha de registro y/o antropométrica de las personas en prisión preventiva, con lo que se llevará a cabo la comprobación de las huellas digitales y la fotografía correspondiente.
Además, deberán garantizar que no tengan suspendidos sus derechos político-electorales por sentencia condenatoria y estar en el supuesto de medida cautelar bajo prisión preventiva.