La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) emitió una recomendación por la violación de derechos humanos de parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), en los altercados del estadio La Corregidora, el pasado 5 de marzo
El titular de la DDHQ, Javier Rascado Pérez, detalló que se hicieron investigaciones donde se recabaron evidencias retomadas de videos y registros médicos para sustentar las indagatorias al respecto, por lo que se advirtió la condición de violación de derechos humanos.
"Se transgredieron los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica por la indebida prestación del servicio pública; la falta de debida diligencia en la función de seguridad pública y las omisiones en relación a las actuaciones de empresas de seguridad privada", destacó Rascado Pérez.
Asimismo, añadió que se transgredió el derecho humano a la integridad personal, por omisiones en la implementación de medidas y acciones necesarias para salvaguardar la integridad de las personas que asistieron al evento deportivo.
Por ello, la DDHQ emitió la recomendación de "establecer un grupo interdisciplinario e interinstitucional integrado de manera primordial y obligatoria por la SSC, la SSPMQ y la Coordinación Estatal de PC, así como por la Coordinación municipal de PC y de manera complementaria por autoridades de nivel estatal y municipal de Querétaro que resulten necesarias".
Refirió que se deben generar mecanismos de coordinación, colaboración, concentración y comunicación necesarios con las autoridades correspondientes, debiendo dar seguimiento, acompañamiento y vigilancia individual a cada una de las víctimas para dar la atención integral.
Entre otras opciones, destacó el dar seguimiento exhaustivo a los expedientes administrativos que se iniciaron ante los correspondientes Órganos Internos de Control de cada una de las autoridades responsables e impulsar el inicio de investigaciones de nuevos expedientes en caso de encontrar irregularidades cometidas por otros servidores públicos.
Finalmente, mencionó que las tres autoridades a las que va dirigida esta recomendación, de acuerdo con lo establecido en la ley, cuentan con un término no mayor a 15 días naturales para aceptar o rechazarla, y en consecuencia se inicien los plazos para su debido cumplimiento.
