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Una vez más, el estado de Querétaro tendrá un recorte presupuestal, el cual impactará en el sector educativo en la entidad, acusó Antonio Zapata Guerrero, diputado local y vocero del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado.
El panista señaló que, nuevamente, Querétaro será afectado por los recortes, lo que ocasionará un impacto en la rehabilitación y mejoramiento de las escuelas en la entidad.
“No es tema menor volver a afectar de manera hasta criminal con el presupuesto a los municipios y afectar de manera impresionante a nuestras niñas y niños, a nuestros estudiantes, me parece que es la peor acción que puede tener un Congreso dominado por Morena”, puntualizó.
Lamentó que desde el Congreso federal se limiten los recursos para municipios y estados gobernados por Acción Nacional y afirmó que, en el caso de Querétaro, los gobernantes realizarán un esfuerzo extraordinario para apoyar la educación y que los servicios públicos no se vean afectados.
Zapata Guerrero externó que, de acuerdo con el proyecto del presupuesto de egresos 2024, los estados tendrán un recorte general de siete mil millones de pesos, lo que, por consiguiente, ocasionará una afectación a los municipios.
Además, cuestionó que desde el Poder Ejecutivo federal se quiera someter a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esto en relación con la terna enviada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; acusó que Morena busca acabar con el Poder Judicial, lo cual calificó como ofensivo para la ciudadanía en general e hizo un llamado a respetar a las instituciones y a defender la independencia de los tres poderes.
De igual forma, Joel Rojas Soriano, jurídico del PAN, recordó que el pasado 3 de noviembre se presentó una denuncia en la contraloría interna de la Secretaría de Bienestar, en la Ciudad de México, en contra de la delegada Rocío Peniche y otros servidores públicos por el presunto desvío de recursos públicos en factor humano, por su participación en la marcha del agua, la cual fue encabezada por el senador morenista Gilberto Herrera.
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Comentó que anexaron declaraciones patrimoniales de los implicados e información pública obtenida de redes sociales, por lo que se mantienen a la espera de la resolución que emita la contraloría; sin embargo, advirtió que de no tener una respuesta positiva se impugnará la resolución.
