La operatividad de las universidades públicas se complicaría con la gratuidad que contempla la reforma educativa, coincidieron rectores de las instituciones queretanas quienes dijeron que la mayor problemática es la falta de infraestructura y presupuesto para atender a un mayor número de estudiantes, por lo que esperarán para conocer las reglas de operación que se contemplarán para llevarlo a cabo.
En entrevistas por separado, los directores y rectores de instituciones públicas del estado consideraron que si bien la idea de la gratuidad en la educación superior es acertada, también se requieren reglas de operación que determinen de qué forma cada universidad podrá hacerlo, toda vez que es el presupuesto, la infraestructura y plazas docentes lo que detiene su ejecución.
“Admitir a todos los jóvenes representa un enorme esfuerzo presupuestal el tec no tiene (bajo las condiciones actuales) suficientes maestros para hacer frente a una política de ese tipo y requeriríamos apoyos más profundos en equipamiento, e infraestructura, que nos permitiera atenderlos, entonces si el gobierno federal está considerando esa parte lo primero sería saber qué apoyos habrá en presupuesto e infraestructura”, afirmó el director general del Instituto Tecnológico de Querétaro, José López Muñoz.
Al respecto, el rector de la Universidad Aeronáutica de Querétaro (UAQ), Jorge Gutiérrez de Velasco destacó que de implementarse la gratuidad y universalidad de la educación, generará un impacto que deberá estar normado dentro de las reglas de operación que se incluyan en la reforma educativa, por lo que tendrán que estar atentos de lo que se discuta y se apruebe para garantizar su operación.
Los rectores y directores consideraron que otra problemática que observan de acuerdo a la gratuidad, es la eliminación de los pagos de servicios escolares-administrativos, los cuales generan ingresos propios que son necesarios para la operación de las instituciones.
En este sentido, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca señaló que la eliminación de este recurso que ellos perciben, implica una problemática para su operación, porque se trata de 400 millones de pesos que la casa de estudios percibe por este concepto, situación similar que enfrentan las otras instituciones.
“A nosotros nos impactaría en la medida que no se sustituya con otros recursos, en el caso de la Universidad Politécnica de Santa Rosa, el año pasado recibimos más de 20 millones de pesos de ingresos propios, que es mayor al subsidio federal que es de 18 millones de pesos; por tanto ampliar la cobertura y la gratuidad implica una necesidad mayor de recursos y un proceso de adaptación”, agregó el rector de la Universidad Politécnica de Santa Rosa, Enrique Sosa.
El director del Instituto Tecnológico de Querétaro reconoció que los ingresos propios de más de 46 millones de pesos que reciben por concepto de colegiaturas y trámites administrativos, garantiza la operatividad de la institución, por lo que de eliminarse esto, tendrá que ser sustituido por otro rubro presupuestal que lo compense.
Para la rectora de la UAQ, el dictamen de la reforma educativa no contempla la forma en la que se resolverá dicha situación, por tanto de aprobarse así esto implicaría un problema para las instituciones públicas.
“Si esto se aprueba como viene nos deja en total vulnerabilidad, donde puede ser una situación caótica para las universidades públicas porque no tendríamos cómo resolver y cómo responder a la sociedad ante tal situación, me parece que este es un proyecto más serio que hay que construirlo con bases firmes”, mencionó García Gasca.
Por último, los cuatro rectores y directores coincidieron en que al incrementar la matrícula escolar en sus instituciones, también mermaría en la calidad educativa, por lo que esperarán los mecanismos que el gobierno federal implementará para lograr que la gratuidad y universalidad sean un hecho sin afectar a las instituciones públicas que se han visto muy golpeadas por los recortes presupuestales.