La reforma al poder judicial es regresiva, ya que pondría al sistema de impartición de justicia a modo de quien gobierne, sin independencia y dejaría al ciudadano en indefensión ante los actos de autoridad, sostuvo el jurista queretano Calixto de Santiago Silva.
“A modo del Ejecutivo sí, a la media del partido en el poder y vamos a regresar, parece que no asistimos a clases de historia de primaria 1, se les olvida lo que fue el PRI en sus peores momentos”, advirtió.
En entrevista con Diario de Querétaro, Calixto de Santiago, ex presidente del Colegio de Abogados Litigantes del estado de Querétaro, reflexiona sobre las implicaciones que tendrá la propuesta realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar el poder judicial, y alerta sobre los riesgos que tiene.
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En su opinión, el grave problema del sistema judicial no radica en el método de elección de los juzgadores o ministros, sino en la falta de presupuesto para mejorar los sistemas operativos internos, lo que genera retrasos y la concepción de inutilidad.
“A ver, antes nos tardamos seis meses en un amparo, ahora se está tardando en resolver los 18 meses, así de sencillo de 6 a 18 meses por el cúmulo de trabajo… ¿A quién le impacta: al abogado nada más, no? Pues al justiciable de a pie, o sea, la población general, ese es el problema lo que no se alcanza a visualizar”.
Diario de Querétaro (DQ).- O sea, estamos hablando de un sistema judicial que va en reversa…
Calixto de Santiago (CS).- Va en reversa porque, desgraciadamente, se pretenden realizar reformas al vapor que, desgraciadamente, no se alcanza a tener el pulso del ciudadano de a pie, del día a día, que no logra encajar, porque desgraciadamente no se conoce la realidad social del país.
Y expone que lo que se requiere, es más una reforma de abajo hacia arriba, para tener un sistema que se ajuste realmente a las necesidades de la demanda de justicia de la población y no de las necesidades y privilegios de quien ejerce el poder público.
“Creo que al final de cuentas el tema de los ministros es solamente una la salida de poder imponer gente suficiente y necesaria para que cualquier acto de inconstitucionalidad de la Federación siga su cauce como si hubiera sido bien hecha y entonces sacas al ciudadano común y corriente de poder pelearte contra el presidente de la República”, abundó.
Calixto de Santiago lideró los equipos legales de los empresarios restauranteros queretanos que lograron tumbar la ley antitabaco por no considerar los esfuerzos que se habían hecho para tener lugares especiales para fumadores, y el de los ejidatarios de Peña Colorada que pudieron frenar y poner en jaque la declaratoria de Área Natural Protegida por no contar con los estudios bien hecho.
Aclara que no está en contra de los procesos de reforma, en la adecuación de las leyes a la realidad cambiante de la sociedad y del país, pero siempre y cuando partan de un análisis de la realidad y el conocimiento de quienes las debatan.
“Un ejemplo: algún senador, algún diputado federal y algunas personas que se han puesto a debatir conmigo del tema, y lo voy a decir con graso egoísmo: ¿Cuánto tiempo han ido a un poder judicial como usuarios del Poder Judicial? ¿Cuántas veces se han parado a ver observar lo que pasa en un juzgado? ¿Cuántas veces han ido a pedir un amparo o protección federal en razón de un acto de inconstitucionalidad? ¿Cuántas veces?... No en el aula, no en una circunstancia de platicarlo: ‘es que le fue mal o que’. No, no, no… en carne viva, ¿cuándo han tenido la oportunidad de pedir y clamar justicia como el ciudadano de a pie? Creo que, a final de cuentas, cuando no sabes por qué la reforma y el para qué la reforma vamos a equivocarnos”, explicó.
De modo que, desde su experiencia, lo que se está gestando es más una reforma política, con tintes administrativos que sistemática en el sentido de ejercicio de la impartición de justicia.
Lo cual se sustenta en el hecho de que durante la actual administración federal se ha ahogado al sistema de justicia presupuestalmente, provocando que pase del lugar 108 al 112 entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
“Mi análisis es que no le hemos dado justicia al pueblo, mi análisis es que cada vez hemos ido exprimido los Poderes Judiciales de los estados ahogándolos con la falta de presupuesto”, enfatizó.
Por eso considera que el debate no se debe centrar en los ministros y su forma de elección, sino en el qué, cómo, por qué y para qué se quiere hacer la reforma.
En su opinión, los ministros se deben seguir eligiendo como hasta ahora con la salvedad de que se modifique el último recurso de elección para que en lugar de que sea mayoría calificada o el presidente de la República quien tenga la última palabra, sea la mayoría simple del Senado quien decida, y evitar designaciones como la de la ministra Lenia Batres.
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Tampoco considera pertinente ni apropiado que se haga por elección popular de cada tres años, porque entonces se tendría un sistema politizado cargado de compromisos derivados de las campañas y movilizaciones.
“Yo no gastaría el dinero en una elección popular (…) Yo lo gastaría completamente en habilitar totalmente lugares institucionales en todo el país para juzgados de oralidad, medios alternos de solución de conflictos y educación cívica en favor del estado mexicano, de toda su población… no gastaría dinero en una elección porque no lo creo ni pertinaz ¿Quiénes van a llegar? O sea, la realidad es que tendríamos que ver quiénes pudieran llegar, es decir, vamos a dejar como en Taxco que vimos en la próxima elección pasada gente que era subida a camiones para ir a votar”, añadió.
De modo que consideró que se podría tomar el ejemplo de Querétaro: hacer modificaciones y adecuaciones en razón a los procesos administrativos internos tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial, partiendo desde su gente y el ciudadano de a pie hacia lo que necesita la población en general que es justicia pronta rápido y expedita.
