La aprobación de la reforma educativa por la Cámara de diputados metería en una crisis económica a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) afirmó la rectora de la casa de estudios, Teresa García Gasca, quien dijo que las instituciones no tienen un Plan B para cumplir con la gratuidad y universalidad que establece el dictamen.
Luego de ser aprobado el dictamen sin mayores modificaciones para la educación superior, García Gasca manifestó su preocupación al respecto toda vez que el dictamen no ofrece certidumbre a las instituciones al respeto de asignar un presupuesto suficiente en el tema de gratuidad, toda vez que implica que con esto, los estudiantes ya no pagarían sus cuotas semestrales y gastos académico-administrativos.
“Esto a las universidades nos da fuerte, porque tenemos un ingreso de ahí y necesitamos que se garantice el recurso para la gratuidad y es un tema que no queda en el dictamen que se aprobó el día de ayer por parte de la Cámara de Diputados, no queda resuelto y no se asegura el recurso, no se dice cómo se va a asegurar lo cual nos deja en completa vulnerabilidad”, reconoció la rectora de la UAQ.
En este sentido, mencionó que para la UAQ dejar de cobrar gastos académico-administrativos implica perder al menos 400 millones de pesos al año, ingreso que utilizan para completar el pago de la nómina que no alcanza con los subsidios federales y estatales que reciben.
Ante esta situación, Teresa García Gasca planteó la intención de sentarse a dialogar con autoridades de la Secretaría de Educación, y con los senadores por Querétaro, para sensibilizarlos al respecto del tema y proponer que todos los puntos de la reforma educativa queden completamente claros para beneficio de todos.
“No hay Plan B, el plan es contar con la garantía del recurso suficiente o sentarnos a la mesa con las autoridades de la Secretaría de Educación de tal suerte que se especifique cómo se van a asignar los recursos a las universidades y qué cuotas vamos a cobrar, porque si dejamos de cobrar por completo los servicios académico-administrativos en la UAQ hablamos de 400 millones de pesos al año y es una cantidad con la que nosotros completamos la nómina”, agregó.
Sobre la universalidad, García Gasca señaló que esto implica el respeto a la autonomía universitaria, en el sentido de que sean las instituciones públicas las que trabajen en términos de los criterios de selección de los aspirantes, además de que dijo esto también podría desatar un problema en término del número de jóvenes egresados que busquen un campo laboral, “Eso es algo que se tiene que hacer de forma inteligente, porque de otra manera no va a funcionar”.