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Alrededor de dos mil 55 videollamadas se han registrado, desde abril cuando se implementó el Plan de Acción, de personas privadas de la libertad con sus defensores penales públicos, lo que garantiza el derecho humano a la justicia, indicó Salvador Arvizu Galván, director del Instituto de Defensoría Penal Pública del Estado.
"Con esta acción se garantiza que los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad, de ninguna manera sean interrumpidos ante la contingencia sanitaria", enfatizó.
En tanto, Ricardo Karim Cortés Escobar, defensor adscrito al Instituto de Defensoría Penal Pública, subrayó que esta medida permite hacer efectivos los Derechos Humanos y estas entrevistas permiten asesorarlos, generar gestiones y permite la adecuada representación de los mismos ante los tribunales.
De acuerdo con el Instituto de la Defensoría Penal Pública, a la fecha se han realizado dos mil 55 videollamadas en el estado, 775 gestiones para presentar pretensiones judiciales y 75 audiencias desahogadas ante jueces penales.
Esta actividad arrancó el 27 de abril con los adolescentes privados de su libertad en el CIEMA y con horarios previamente establecidos; posteriormente, se aplicó de manera simultánea en los centros penitenciarios del estado, el varonil, el femenil, en San Juan del Río y Jalpan de Serra.
