Un registro público de agresores sexuales sin un análisis o estudio constitucional a profundidad puede convertirse en un instrumento estigmatizador y violador de derechos humanos; así lo señaló Laura Santos, abogada por el Colectivo de Litigio Estratégico e Investigación en Derechos Humanos (CLEIDH).
"Deben considerarse cuáles son las finalidades de un proyecto como ese. Si posibilitará la reducción de la incidencia delictiva o si solamente busca un castigo social perpetuo para las personas", manifestó.
Esto luego de que la diputada por el Partido Acción Nacional, Mariela Morán Ocampo, anunciara la iniciativa para crear un padrón de personas sentenciadas por delitos de carácter sexual, mismo que será presentado ante el Congreso local.
Al respecto, indicó que hay diversos planteamientos que hacer sobre el tema, principalmente en el acceso a la información personal de las personas señaladas, lo cual puede ser presentar una problemática en materia de derechos humanos.
"Por una parte nos dicen que cuidarán los datos personales de los agresores para no cometer violaciones a derechos humanos, pero vemos que será un acceso restringido, entonces habrá un criterio y facultades discrecionales para decidir quién tiene interés legítimo para acceder a esos datos".
Añadió que en el sistema penal en México tiene como finalidad que las personas enfrenten una sanción o pena derivada de la comisión de una conducta ilícita, y en cumplimiento de esta las personas puedan incorporarse a la vida social, por lo que este padrón también puede únicamente estigmatizar a las personas.
"Se establece que en ese padrón se registrarán a quienes tengan una sentencia firme, que esto implica que enfrentaron un proceso penal y posiblemente estén purgando o ya purgaron esa pena, entonces continuarán en el registro. Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Estigmatizar agresores, castigarlos socialmente más allá de que hayan enfrentado un proceso penal?".
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Finalmente, señaló que este registro es una medida más bien populista, en vez de una solución efectiva para una problemática en específico, pues las medidas punitivistas son poco eficaces para su resolución, añadiendo que no se han hecho los análisis comparativos con otros países que optaron por la misma medida.