Durante los últimos seis años, al menos dos queretanos han sido víctimas diariamente del delito de despojo, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Ni siquiera la pandemia de COVID-19 frenó esta tendencia. Entre 2019 y 2021, los casos aumentaron 7.2%, al pasar de 850 denuncias en 2019 a 912 en 2021.
Este incremento constante se refleja en los 645 casos registrados hasta octubre de 2024. De mantenerse esta tendencia, se prevé que el total del año podría superar los 942 casos de 2023.
El despojo forma parte de los 25,210 delitos contra el patrimonio reportados en Querétaro hasta octubre de 2024. De ese total, 18,405 corresponden a robos, mientras que los casos de fraude ascienden a 3,815.
El despojo, aunque menor en cantidad, tiene un impacto significativo al afectar directamente a familias y comunidades, generando conflictos por la propiedad y el acceso a la justicia.
A lo largo de los últimos años, los casos de despojo han mostrado un incremento constante: en 2020 se reportaron 861 denuncias, mientras que en 2022 la cifra llegó a 921.
Este crecimiento no solo evidencia la problemática, sino también la necesidad de estrategias efectivas para prevenirlo y atender a las víctimas.
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El despojo es un delito contra el patrimonio que implica el acto de quitar a una persona la posesión de un bien ya sea inmueble o mueble, sin el consentimiento de su propietario, y generalmente se lleva a cabo de manera violenta o mediante el uso de engaños.
En otras palabras, el despojo se refiere a la sustracción ilegal de propiedades, y puede ocurrir en diversas circunstancias, como en disputas sobre tierras, propiedades que han quedado deshabitadas, o incluso en casos de fraudes inmobiliarios.
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