El estado de Querétaro requiere un presupuesto de 55 millones de pesos a distribuirlos en los cuatro años de arranque en la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, informó Mariela Ponce Villa, magistrada presidente del Poder Ejecutivo en la entidad.
Dijo que este miércoles se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y a partir de ayer jueves entra en vigor para poder implementarlo, por lo que actualmente, como están los artículos transitorios, se da un plazo de cuatro años para concluir la implementación.
“Estuvimos en la CDMX con todos los presidentes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana (CONATRIB) en donde nos recibieron los diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para mostrarles la preocupación de cómo los transitorios no están regulando que reciban recursos por parte de la Federación, todo lo dejan a recursos estatales”, precisó.
Dijo que en el presupuesto presentado ante el Congreso de la Unión se habló de esos 55 millones de pesos a distribuir en cuatro años de arranque.
Al respecto, mencionó que en el primer año es para capacitación, en el segundo la construcción de toda la infraestructura, y en el último año el equipamiento de las salas y la selección del personal.
La magistrada presidenta argumentó que se impulsa que el Congreso de la Unión pueda dar recursos, como los mismos estados lo hacen con la Reforma al Sistema de Justicia Penal. Con eso, afirmó, es lo que se requiere para que ese Código sea una realidad.
“Hay que esperar si realmente nos escucharon, aunque se tiene una próxima reunión en la Ciudad de México. Como presidentes de tribunales continuaremos con esa lucha, porque tenemos la firme convicción de que es muy necesario ese Código, para transitar hacia procedimientos más ágiles para que la justicia sea pronta y expedita”, expresó.
Indicó que se requieren cinco salas en Querétaro, dos en San Juan del Río y una en cada distrito judicial, para iniciar.
“Si no hay recursos, la Reforma no se va a poder implementar adecuadamente”.
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Agregó que se requiere que para capacitación se requieren de dos a dos millones y medio en los recursos.
Mencionó que en Chile se tuvo una conferencia sobre la oralidad en Materia Civil y Familiar, lo que implica traslados, viáticos y pagos de honorarios a los profesores.