Existe un rezago de 19 meses en la aprobación de la Ley General de Educación Superior, además de que hasta la fecha no se ha aplicado el recurso necesario para que el país desarrolle y genere proyectos de ciencia y tecnología, de acuerdo con la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca.
“Entre Conacyt y la legislatura existe una falta de comunicación total, una falta de apertura total, por parte de la directora de Conacyt, que ha generado una serie de molestias no solamente en la comunidad científica, sino también en legisladores”.
De acuerdo con García Gasca, el actuar de la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez Buylla, se ha caracterizado por decisiones discrecionales sobre los perfiles de quienes ingresan al Sistema Nacional de Investigadores.
Además, señaló que la titular del Conacyt ha evadido y postergado la presentación de los informes respectivos; fue hasta julio que Álvarez Buylla presentó el documento únicamente a legisladores de Morena y fue hasta el 4 de agosto que lo hizo ante las comisiones de ciencia y tecnología y educación.
De acuerdo con la rectora de la UAQ, entre las principales críticas a las acciones llevadas a cabo durante la gestión de Álvarez Buylla, está la cancelación de 91 de 104 fideicomisos, bajo el argumento de que los recursos tenían como destino a la iniciativa privada.
“No se puede hablar de un ahorro en ciencia y tecnología en un país que no tiene cubiertas sus necesidades, tú hablas de un ahorro cuando ya cubriste tus necesidades (…) fueron casi 45 mil millones de pesos lo que se retuvo por parte de Conacyt”.
A pesar de que García Gasca reconoció que había cuestiones que era necesario cambiar en el funcionamiento de la dependencia encargada del fomento al desarrollo científico, no es lo ideal el suspender la asignación de recursos sin contemplar los compromisos adquiridos previamente.
“Debemos comenzar por aceptar que México no es un país que invierta lo suficiente en ciencia y tecnología; de acuerdo con la Ley General de educación superior, se debería invertir el 1% del Producto Interno Bruto entre educación superior y ciencia y tecnología, pero entre los dos se invierte apenas el .5, del que se calcula que menos del .2 es para ciencia y tecnología”
