El foro titulado "La Reforma Judicial a los Ojos de la Seguridad Nacional, la Gobernanza y el Estado de Derecho" reunió a destacadas figuras del ámbito jurídico y académico, quienes expresaron sus preocupaciones respecto a la propuesta de reforma judicial en México.

José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expresó su oposición a la reforma judicial propuesta, argumentando que permitir que los jueces participen en campañas políticas y se elijan por voto popular podría comprometer la imparcialidad en la aplicación de la justicia.

“Los juzgadores que van a aplicar la ley no pueden ser quienes se postulen para ser elegidos por ustedes como votantes. Esto rompería la vinculación que tienen con la ley emitida por el legislador democrático, colocándolos en una situación donde podrían legislar con intereses propios”, afirmó Cossío Díaz.

Añadió que, de aprobarse la reforma, los jueces podrían verse presionados a satisfacer las expectativas de sus electores en lugar de actuar conforme a la ley, lo que sería "tan peligroso como el populismo".

Mariela Ponce Villa, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, también se manifestó en contra de la reforma, señalando que esta pone en riesgo la integridad del sistema judicial y la protección de los derechos de los ciudadanos.

“Los jueces son los únicos garantes de los derechos de las personas. Lo que se está haciendo con esta reforma es debilitar la posición de los jueces, quienes están defendiendo su cargo y, con ello, la justicia misma”, comentó la magistrada.

Ponce Villa subrayó que la justicia en México enfrenta múltiples desafíos, como la falta de personal y recursos suficientes en los poderes judiciales, lo que ha llevado a procedimientos largos y complejos.

“Si realmente estuvieran preocupados porque la justicia sea pronta, entonces sería necesaria una reforma integral que aborde desde cómo están diseñados los procedimientos hasta los recursos disponibles para los jueces”, añadió.

Juan Pablo Gómez Fierro, magistrado de Circuito, destacó que la reforma tendría graves consecuencias no solo para los jueces y trabajadores del sistema judicial, sino para todo el sistema de justicia en México.

“La reforma mina la independencia judicial, una condición necesaria para la protección de los derechos humanos. Si optamos por un sistema de elección popular para los jueces, estos ya no responderán a la constitución ni a la ley, sino a quienes los patrocinen”, alertó Gómez Fierro.

El magistrado también expresó su preocupación por la posible influencia de intereses políticos y económicos en las decisiones judiciales, lo que, según él, podría llevar a un sistema de justicia "cortado por distintos actores relevantes que tengan la capacidad de posicionar a sus jueces para obtener fallos favorables".

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Los panelistas coincidieron en que la independencia judicial es un pilar fundamental de la democracia y que cualquier reforma en este ámbito debe garantizar que los jueces puedan ejercer su función sin presiones externas que comprometan su imparcialidad y compromiso con la justicia.