Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno del estadode Querétaro, informó que existe un plazo máximo de cuatro añospara implementar por completo en el país la Ley Nacional deEjecución Penal; en junio de 2017 deberá cumplirse por lo menoscon delegar la facultad del indulto que poseía el Poder Ejecutivoa los jueces para que la valoración se haga de manera precisa.
Dijo que al tratarse de un asunto de índole nacional, se tieneque elaborar un proyecto reglamentario de todo el sistemapenitenciario, además de la adecuación normativa del códigopenal, con las leyes de la administración pública, la leyorgánica del ejecutivo y otra serie de ordenamientos que impactanen el tema de reinserción.
“Se tiene que crear toda una infraestructura orgánicaadministrativa que permita que esa norma pueda tener funcionalidady tiene que haber una serie de protocolos tanto a nivel interno enlos CERESOS como a nivel interinstitucional y por supuesto, losprotocolos que permitan que haya una interacción con lasociedad”, indicó.
Señaló que el objetivo de la Ley es la reinserción y no sepodrá lograr si la comunidad no interviene desde que están en loscentros de reclusión, trabajando con los internos, abriéndolesespacios, para que cuando salgan tengan una utilidad social deinmediato.
Indicó que por el momento no es posible determinar cuántosinternos serían favorecidos por la reducción de condena, puestoque se debe atender a tres condiciones que determinan quién esapto para ello.
Dijo que aquellos internos que cumplen con una medida cautelarpreventiva de prisión, no pueden salir porque es una sanciónobligatoria; sólo pueden salir quienes ya tienen una condena, unapena de prisión contra la cual ya no existe mayor recurso y estáen proceso de ejecución.
Además aseguró que es necesario excluir primero a todas laspersonas cuyos delitos y sanciones hacen que muchos de losbeneficios, por ley, no les apliquen; enfatizó que dado que ahoraserá un procedimiento vía judicial, depende mucho de laintención y capacidades de los internos de hacer esas peticionesante la autoridad judicial.
“Existen otros temas que tienen que ver con infraestructura,con una normatividad más ampliada y el plazo máximo para tener enplenitud el sistema de ejecución de sanciones a nivel nacional eshasta de cuatro años”, agregó.
