Los cambios y replanteamientos de la justicia llevó al incremento de la carga de trabajo del Poder Judicial, instancia que requiere modificar su plantilla laboral, reconoció la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado, Consuelo Rosillo Garfias, al rendir su Tercer informe de actividades en el Teatro de la República.
En presencia del gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, la magistrada señaló las acciones emprendidas a lo largo de este año judicial, las cuales son el resultado del compromiso por impartir justicia a los ciudadanos, sin embargo, dijo que aún existen tareas pendientes a desarrollar en la agenda, como la oralidad civil, familiar y mercantil las cuales han sido programadas para iniciar ya, así como la Reforma laboral.
“Hemos acercado la justicia a la ciudadanía, pero quedan tareas pendientes a desarrollar en nuestra agenda judicial, tales como un planteamiento de más juzgados mercantiles, familiares y unidades para el nuevo sistema de justicia penal, lo que requiere necesariamente capital humano y espacios físicos, por tanto éste Poder Judicial si bien ha sido sometido a una disciplina presupuestaria, esto no resulta ser falta de disciplina sino necesidad imperiosa a fin de seguir manteniendo la paz social del estado”, afirmó Rosillo Garfias.
Mencionó que se requiere de un sistema de monitoreo y generación de indicadores que le permita hacer más eficiente su operación, y fortalecer las áreas administrativas y consolidar la construcción o compra de un edificio en el municipio de San Juan del Río para lo cual, la legislatura otorgó presupuesto de 50 millones de pesos para su adquisición y con lo cual se adquirirá en breve.
En este sentido, Consuelo Rosillo indicó que al inicio de su administración planteó la transición de una gestión única, toda vez que no se habían dado cambios estructurales como los que en este periodo se enfrentaron, como la renovación del pleno del 63% de sus integrantes que ameritaron capacitaciones y adecuaciones físicas.
“El Pleno fue renovado en 63% es así que nuestro más reciente cambio fue la incorporación de los magistrados Eduardo Sarabia y Carlos Roberto Fernández, empero ello, no impidió nuestro trabajo. En este sentido, sesionaron en 15 ocasiones de manera ordinaria y 18 de forma extraordinaria el 99% de las resoluciones fueron por unanimidad”, agregó.
Destacó que el tribunal se encuentra integrado por seis salas, las cuales recibieron cuatro mil 890 apelaciones y se emitieron cinco mil 622 resoluciones; mientras que en materia federal fueron interpuestos más de mil amparos contra las resoluciones, de los cuales 390 fueron concedidos.
En materia familiar, reconoció que se ha evitado el rezago judicial al no existir ningún expediente en espera de ser atendido, ante la idea de no permitir malos ejercicios de la profesión que releguen algunas carpetas a los cajones de los juzgados.
En este contexto apuntó que los juicios de divorcio reportan cifras de mil 483 voluntarios y tres mil 254 incausados, lo cual representa disminución del 7% en la presentación de divorcios necesarios, toda vez que la reforma del 30 de noviembre aprobada por la legislatura del estado, permitió la inclusión de la separación incausada.
“En materia familiar, hemos logrado, con el esfuerzo, enorme de jueces y magistrados, evitar el indeseado, el temido rezago judicial. No hay expedientes judiciales en ninguna gaveta o cajón, en espera de su turno para ser atendidos; todos los asuntos, cada uno de ellos, se atienden y llevan al día, evitando los riesgos de trivializarse, de convertirse en un número y no en nombres y rostros de personas en conflicto”.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia manifestó que en el rubro de ejecuciones y sanciones, al inicio de la administración se contaba con un juez en esta materia para todo el estado, lo cual implicaba una carga excesiva de trabajo; hoy dijo, se cuenta con tres jueces más en dicha área que conocen de los asuntos del sistema tradicional penal que se encuentran vigentes y de la materia de ejecución, tomando también el mismo modelo de gestión y administración que el sistema oral adversarial.
Al respecto del Sistema Penal Acusatorio Adversarial, reconoció que la consolidación de este es el resultado de la promesa cumplida de “Justicia Oral sin pretextos”, al tomarse con responsabilidad la reforma constitucional del 2018, con lo que se hizo un cambio cultural y estructural a favor de las personas, que a la fecha cuenta con ocho salas de audiencia en Querétaro y cuatro en San Juan del Río; en las que se han desahogado dos mil 646 audiencias, dentro de las dos mil 435 carpetas judiciales y 15 mil 755 promociones recibidas.
“Puedo decir con certeza que en Querétaro, en efecto, se respira Justicia Oral, con espacios físicos adecuados, con una inversión inicial por parte del ejecutivo de 30 millones de pesos, así como las demás adecuaciones realizadas en dichas salas (…), en cuanto al factor humano se realiza una constante evaluación con base en sus perfiles y expediente; sometidos a pruebas psicológicas precisas y adecuadas para el Sistema Acusatorio.
Por lo que ve del presupuesto del poder judicial, Consuelo Rosillo manifestó que la Dirección de contabilidad y finanzas realizó un ejercicio responsable, toda vez que el recurso total es de 889 millones 303 mil 307 pesos, del cual el 93.26% se destina al pago de servicios personales y el 6.4% se aplica al gasto corriente.
Finalmente, durante su mensaje advirtió que todos los desafíos parten de una necesidad común: la existencia de suficiencia presupuestal, puesto que sin la capacidad económica necesaria, el proceso de transformación corre el riesgo de quedar incompleto.
