A menos de un mes de que concluyan los 18 gobiernos municipales, no se tiene información precisa y actualizada sobre la manera en la que dejarán sus finanzas y manejo administrativo, denunció el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y del Migrante de la LVIII legislatura local, diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia.
Sostuvo que se mantiene un retraso en la revisión de las finanzas de los municipios del estado, a pesar de los esfuerzos de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) por acelerar este proceso y se hace complicado exigir a tiempo un cumplimiento de los ayuntamientos para que no se hereden problemas.
“Formalmente no tenemos información de este último año, sólo tenemos de años pasados. Dependemos de que la ESFE entregue información y reconozco muy bien el trabajo de la ESFE, nos consta que hace bien el trabajo, pero la Legislatura no conoce observaciones. Necesitamos que las nuevas administraciones que empiezan el mes que entra tengan la suficiente información para saber si hay opacidad o alguna situación”, expresó.
Sánchez Tapia resaltó que hay administraciones que se deben revisar con mayor puntualidad, como Querétaro, El Marqués y Corregidora, porque forman parte del área metropolitana o solicitaron préstamos, como El Marqués, mientras que otros, como Colón o Pedro Escobedo, preocupan por su situación financiera.
Además, preocupan los términos de algunos contratos y concesiones que sobrepasan los periodos de los gobiernos municipales, porque son cuestiones que pagan todos los ciudadanos.
“Debemos revisar el último periodo de las administraciones, saber qué condiciones van a dejar para las nuevas administraciones. Nosotros (los diputados) no tenemos facultad para solicitar a los municipios, pero debemos exigir que la ESFE haga su labor en tiempo y forma con las nuevas herramientas nacionales del portal anticorrupción, que no se retrasen los tiempos de entrega porque se viene arrastrando un desfase”, afirmó.
A partir de este año ya no basta con hacer observaciones a las finanzas municipales, porque la ley obliga a iniciar procesos sancionadores que continuarán aunque se logre el resarcimiento del daño.
