Desde el primer minuto de este miércoles 21 de agosto, jueces y magistrados se sumaron al paro de actividades de manera indefinida en protesta contra la reforma judicial, con lo que se verá mermada la impartición de justicia en asuntos de carácter ordinario como son juicios de amparo por conflictos de compra venta, de acción reivindicatoria o sobre imposición de multas, entre otros.
Lo anterior, luego de que a nivel nacional mil 202 juzgadores votaran a favor de la suspensión de actividades jurisdiccionales en todos los juzgados y tribunales federales del país. Este paro, de acuerdo con magistrados, se detendrá sólo si existe disposición del Poder Ejecutivo de escuchar al Poder Judicial y atender sus demandas.
De acuerdo con Gerardo Martínez Carrillo, coordinador de magistrados de circuito del estado de Querétaro, semanalmente se atienden entre 33 y 40 casos, siendo los asuntos ordinarios los que predominan, por lo que reconoció que el impacto en atención judicial será significativo; sin embargo, justificó que el paro va más allá de desatender los asuntos ordinarios.
“En la medida en que más se prolongue este paro, más asuntos van a dejar de resolverse, este tribunal colegiado que ordinariamente sesionamos cada semana resolvemos un promedio de 33, 40 asuntos por semana, imagínese cuántos asuntos van a dejar de resolverse; la afectación sí va a ser, de alguna forma, en perjuicio de la sociedad, pero de no oponernos a esta reforma la afectación va a ser más grave y permanente”, dijo.
En el caso de Querétaro hay 33 titulares, entre jueces y magistrados, que se sumarán al paro; Martínez Carrillo detalló que, incluso, la semana pasada tuvieron una reunión en la que la mayoría de titulares aprobaron sumarse al paro, salvo tres personas que no estuvieron de acuerdo por la posible afectación en la administración de justicia.
Junto con jueces y magistrados se sumaron al paro, desde el primer minuto del martes 20 de agosto, más de 500 trabajadores del Poder Judicial de la Federación en la entidad, quienes también han manifestado su rechazo a la reforma judicial impulsada por el Gobierno federal.
Pablo Rocha García, secretario del primer tribunal colegiado en materia civil en Querétaro, enfatizó que la reforma judicial no solo afecta a jueces, magistrados y ministros, si no a los trabajadores en general, específicamente por la eliminación de la carrera judicial.
Al exterior de una de las sedes ubicada en Centro Sur, recordó que el paro será de manera indefinida hasta que sus peticiones sean atendidas o que exista interés de “abrir las puertas” para negociar sus demandas.
“Es falso que solamente afecte a los jueces, los cargos que estamos abajo de los jueces, desde los compañeros oficiales judiciales, tienen muchas personas la esperanza de que, con la preparación, los años de ir escalando en la carrera judicial se pueda ascender en cargos; nos afecta directamente a la clase trabajadora y por eso estamos promoviendo este movimiento diferente a los jueces”, expuso.
Insistió en que la exigencia es que se modifique, detenga o negocie la propuesta de reforma, pues reiteró que están en contra de la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular y, por ende, de la eliminación de la carrera judicial.
Señaló que seguirán atendiendo asuntos urgentes como los relacionados con incomunicación, ataques contra la vida, los supuestos de la ley de amparo y otros que consideren los órganos judiciales, mientras que los asuntos de controversia civil o administrativa no se resolverán de manera indefinida. En este sentido, reconoció que más del 85% de los casos que se atienden en los juzgados son ordinarios.
“La idea es que el paro sea activo, se van a llevar diferentes actividades, nos estaremos organizando para eso, se van a hacer comisiones, buscamos diálogo con diferentes actores de la población, de gobierno, del Poder Legislativo y decir que hay gente en los órganos, estamos trabajando, se están resolviendo los asuntos urgentes”, apuntó.
Ángela Quino Campuzano, secretaria del primer tribunal colegiado en materia civil y administrativa del 22º circuito, expuso que la única intención del paro es defender sus derechos laborales y carrera judicial de oficiales, actuarios y secretarios, siendo ésta el sistema de mérito para acceder a cargos de juzgadores federales.
Externó que al paro se suman alrededor del 85% de los trabajadores sindicalizados, pese al nulo apoyo que han tenido del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) en Querétaro, quien, por el contrario, les ha intimidado para no manifestarse.
“Hemos decidido unirnos a la defensa del Estado de Derecho, lo decimos con firmeza y sin miedo, la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo federal pretende someter al Poder Judicial de la Federación, que es el único contrapeso entre los poderes de la Unión y defensa de todas las personas contra los abusos y arbitrariedades de las autoridades”, subrayó.
Precisó que el único propósito de suspender actividades es buscar un acercamiento con legisladores y la presidencia de México, incluso con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, para que sean escuchados, conozcan sus necesidades y puedan aportar ideas.
“El Consejo de la Judicatura Federal publicó el acuerdo 16/2024 y conforme a ese acuerdo los órganos jurisdiccionales van a emitir los avisos correspondientes. Insisto, esta organización la llevamos a cabo en conjunto, en su mayoría el día de hoy, porque no hemos tenido apoyo del sindicato, que cabe mencionar, nos ha estado intimidando para no ejercer nuestro libre derecho”, precisó.
Los espacios laborales en Querétaro que se sumaron a la suspensión indefinida de labores son 7 juzgados de distrito en materia de amparo civil, administrativo y de trabajo y juicios federales; 2 juzgados de distrito especializados en materia penal, 1 centro de justicia penal federal, 2 tribunales laborales de asuntos individuales, 1 tribunal colegiado de apelación, 1 tribunal colegiado en materia penal y administrativa, 1 tribunal colegiado en materia administrativa y de trabajo y 3 tribunales colegiados especializados en materia administrativa y civil.
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Durante su pronunciamiento, hicieron un llamado urgente a organizaciones civiles, barras de abogados, universidades, asociaciones de defensa de derechos humanos, sindicatos y colectivos a que se sumen a su movimiento por la defensa de sus derechos laborales como antigüedad laboral, prestaciones económicas y en especie como seguros de gastos médicos mayores, fondos de reserva individualizados, seguro de separación individualizado, fondo de ahorro capitalizable, apoyo de lentes, gastos funerarios, prestaciones médicas complementarias, asignaciones adicionales, ayuda a personal operativo, ayuda de despensa y vestuario; además, piden que sus ingresos salariales no sean afectados, estabilidad laboral, respeto a la carrera judicial, que las plazas de confianza sean basificadas, entre otras demandas.
