La diputada local Beatriz Marmolejo Rojas convocó a periodistas y personas defensoras de derechos humanos a participar en la creación de la ley para el mecanismo estatal de la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas del estado de Querétaro.

Marmolejo Rojas apuntó que para ello se realizarán reuniones presenciales, por lo que propuso como fecha para comenzar a definir el arranque de trabajos, el próximo 12 de mayo a las 17:00 horas en el Poder Legislativo con periodistas y a las 18:00 horas con defensoras de derechos humanos.

“Que juntos construyamos un proyecto legislativo que, en tiempo y no muy lejano, pueda ser una ley vigente en el estado de Querétaro. El proyecto legislativo estaría en función de crear la ley para el mecanismo estatal de la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas del estado de Querétaro”, mencionó.

La diputada local expuso que la propuesta está enfocada en la seguridad y protección de estos sectores de la sociedad y mencionó que no descartan que en una siguiente etapa se aborden temas laborales de las y los periodistas, para lo cual se trabajaría en conjunto con las y los legisladores federales.

Refirió que tan solo en el estado de Querétaro alrededor de 40 personas defensoras de derechos humanos y un periodista han solicitado la activación del mecanismo de protección federal, por lo destacó la importancia de contar con un mecanismo estatal.

“En este sentido, creo yo, no basta con que una sola persona lo pudiera estar requiriendo en el estado de Querétaro para que trabajemos en consecuencia en lo local y podamos prevenir, no queremos cifras lamentables como en otras entidades de la República”, apuntó.

La legisladora precisó que durante dichas reuniones se habrá de definir qué personas podrían considerarse defensoras de derechos humanos y quiénes periodistas, pues justificó que actualmente ni periodistas ni defensores son reconocidos en legislaciones del estado.

Asimismo, enfatizó que la propuesta es que se cuente con un fondo para la protección de periodistas y defensoras de derechos humanos, así como la implementación de políticas transversales en la materia.