Los ejidatarios de El Salitre, Jurica y Chichimequillas, que se veían afectados por el decreto de Área Natural Protegida de Peña Colorada, lograron que se diera marcha atrás al mismo y quedara sin efecto.
Lo anterior fue determinado por las autoridades judiciales, luego de que del análisis de los estudios técnicos justificativos en los que se basó la declaratoria realizada por el Gobierno Federal se desprendiera que no eran consistentes con la realidad del predio en cuestión.
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Fue el 8 de mayo de 2023 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se declaró área natural protegida a Peña Colorada, cuya justificación era proteger las zonas de filtración de agua que abastecen de este líquido a las áreas urbanas, agrícolas, turísticas e industriales de la región.
El perímetro que quedaba protegido con el decreto era un polígono de 4 mil 843 hectáreas, ubicadas en los municipios de Querétaro y El Marqués, mismas que en parte afectaban a los parceleros de los ejidos El Salitre, Jurica y Chichimequillas.
El primer amparo en favor de los ejidatarios cayó en marzo de este año, cuando el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el estado, Francisco Juri Madrigal Paniagua, resolvió en favor Juan "N" contra los actos reclamados ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Ahora, los ejidatarios de El Salitre, Jurica y Chichimequillas, representados por el jurista Calixto de Santiago Silva, lograron que quedara sin efecto el decreto en su totalidad, protegiendo tanto los intereses de ellos como de los particulares que puedan tener propiedad en la zona.
Ello, derivado de que el proceso, por la presión de los grupos ecologistas, el estudio técnico de justificación no se hizo bien, toda vez que se consideró como área de protección a zonas que no eran susceptibles de tal denominación debido a que no cumplen con las circunstancias nativas porque se demostró que se encuentran totalmente áridas, por lo cual el juzgado federal ha otorgado el beneplácito de proteger a los ejidatarios en su comunidad.
De la totalidad de las casi 5 mil hectáreas protegidas por el decreto presidencial de mayo de 2023, los ejidatarios traen cerca de mil tanto sólo Chichimequillas trae cerca de 500 hectáreas, El Salitre otras 200, y Jurica otras 300.
Por lo que el decreto ha quedado pulverizado y, por tanto, su inviabilidad es irreversible, porque hay una parte que está totalmente impactada y que es imposible su protección porque son totalmente áridas.
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Pero las que sí requieren de una protección, tendrán que ser acordadas entre las autoridades estatales y municipales con los propietarios de los ejidos para que se pueda llegar a un acuerdo futuro.
Porque el tema es que ya no hay una protección ni puede haber una protección por parte de los gobiernos municipal o estatal debido a que, al revocarse este estudio técnico justificativo, no pueden articular justificadamente el no desarrollo de la zona.