Tras la detención de manifestantes en contra de la llamada ley de aguas en las inmediaciones de la CEA, la Universidad Autónoma de Querétaro y organizaciones civiles condenaron las acciones señalando que hubo arbitrariedad y uso excesivo de la fuerza pública.

La rectora Teresa García Gasca condenó "estos actos del uso de la fuerza pública, donde algunas personas ingresaron a la Universidad a pedir auxilio, algunas personas en crisis y otras golpeadas y con reportes de personas detenidas de manera arbitraria".

Refirió que se tienen los cuatros nombres de las personas detenidas, mismos que fueron otorgados a la secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, para conocer su paradero, su condición legal y física. Los nombres fueron los de Roberto G., Juan S., José I., y Roberto G.

"Exigimos conocer la situación. Nos ha llegado información de que personas de las comunidades de Amealco han sido detenidas, de lo que no tenemos certeza, pero si así fuera igualmente exigimos saber su paradero, condición física y, desde luego, su condición legal", manifestó.

Claudia Romero, encargada de asuntos legales de Bajo Tierra Museo del Agua, dijo que "tenemos evidencia de que hubo un uso excesivo de la fuerza pública y alertamos de manera inmediata a los organismos de derechos humanos, tanto a nivel local como nacional, donde me gustaría resaltar que esta movilización fue totalmente pacífica".

Añadió que de manera inmediata las distintas asociaciones alertaron sobre los sucesos a través de videos difundidos en redes sociales, donde se detalló que los manifestantes fueron agredidos tras cerrar el paso vehicular en Avenida 5 de Febrero, con lo que señalaron como granaderos.

Comentó que la finalidad de la protesta, aparte de evidenciar la inconformidad ante dicha ley, fue la de entablar un diálogo con autoridades del estado y de plantear diversas medidas ante lo que consideran una ley que privatiza el servicio de aguas.