La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) Teresa García Gasca, consideró que si los puntos de gratuidad y universalidad se aprueban como está establecido en el proyecto de decreto de la reforma educativa, las universidades públicas no podrán dar respuesta a la sociedad puesto que carecen del presupuesto y la capacidad para llevarlo a cabo.
Ante la posibilidad de que la Cámara de diputados apruebe hoy el proyecto de dictamen para modificar el artículo 3º constitucional, la rectora de la casa de estudios exhortó a los legisladores a considerar que su compromiso es con la sociedad, por lo que aceptar la gratuidad y universalidad de la educación sólo implicaría incertidumbre para las instituciones públicas.
“Les recuerdo a los legisladores que su compromiso es con la sociedad. Si los puntos de gratuidad y universalidad se aprueban como están en el documento, las universidades públicas no podremos dar la respuesta que estamos obligadas a dar a la sociedad”, mencionó García Gasca.
Destacó que las propuestas hechas por el Consejo Universitario de la UAQ el 1 de abril, tienen el único interés de dar certidumbre con respecto a los puntos mencionados, por lo que pidió su análisis para ser tomados en cuenta dentro de su discusión.
Entre los puntos que consideraron importantes incluir en la reforma se incluye la de garantizar en el texto que el Estado será el proveedor de los recursos necesarios para que las instituciones públicas cumplan con la obligatoriedad de la educación superior, además poner por escrito el respeto a la autonomía universitaria.
El documento firmado por Teresa García Gasca plantea la importancia de que si bien la educación impartida por el Estado debe ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, se tendrá que otorgar a las instituciones la libertad de gobernarse y tener libre cátedra, investigación, libre examen y discusión de las ideas.
Finalmente en materia presupuestal, la rectora de la casa de estudios consideró necesario que así como el dictamen prevé otorgar un fondo especial que asegure a largo plazo los recursos económicos para la prestación de servicios educativos, también se deberá garantizar la aportación de recursos suficientes a las instituciones de educación superior.