El tema del agua se utilizó de manera mezquina durante el proceso electoral para desvirtuar el quehacer de la administración de Mauricio Kuri González y con ello engañar a los queretanos, afirmó el secretario general de Gobierno, Carlos Alberto Alcaraz Gutiérrez, con relación a la aprobación de la Ley Estatal de Aguas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Se usó de manera mezquina, para desviar la atención, pero sobre todo para desvirtuar el quehacer del gobierno de Mauricio Kuri González; sin embargo, vamos a pensar que eso era parte de un proceso electoral”, aseveró.
El funcionario agregó que se trata de una ley que garantiza el acceso universal al derecho humano del agua; que privilegia el consumo doméstico por encima de cualquiera. Agregó que se trata de una ley donde están fundadas la función y operación del sistema de aguas en favor y con la rectoría única del estado.
“La Suprema Corte se ha pronunciado y ha sido categórica en señalar que la Ley de Aguas es constitucional. Por meses se llevaron a cabo falacias y discusiones, pero, sobre todo se mintió sistémicamente a los queretanos sobre el fondo y objeto de esta ley”, enfatizó.
Declaró lo anterior al ser consultado sobre la resolución que tomó la Suprema Corte de Justicia de Nación al declarar constitucional la “Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del estado de Querétaro”.
La declaración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una respuesta al amparo 984/2023 en contra de la reforma, promovido por Bernardo Romero Vázquez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), el cual fue desechado.
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De acuerdo con lo publicado, la Corte resolvió que no invade la esfera competencial de la Federación en materia de regulación de aguas nacionales, toda vez reconoce que es a la autoridad federal a quién le compete otorgar las concesiones sobre los volúmenes específicos de aprovechamiento de las aguas nacionales.
Con respecto a las acusaciones sobre una presunta privatización vía concesiones y cobro por el servicio, descartó dicho argumento al señalar que si bien, el agua es un recurso escaso y por lo mismo, la tarifa de cobro por el servicio debe ser suficiente para que los usuarios racionalicen su uso a conciencia y desincentive su desperdicio, esta no puede utilizarse como una barrera para los sectores marginados en donde transportar el agua resulte costoso.