Una multa de hasta 86 mil pesos y de dos a ocho años de prisión, se impondrán a quien comparta, reproduzca o comercialice imágenes, audios o videos vinculados a un proceso penal, esto de acuerdo con la iniciativa de #Ley Ingrid, que ingresó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de Querétaro y que busca sancionar la difusión de imágenes, audios, videos o evidencias involucrados en un proceso de investigación.

Abigail Arredondo Ramos, coordinadora del PRI en el Congreso local, expresó que con esta iniciativa se protege la dignidad humana de las víctimas, ya que ninguna persona debe ser utilizada con fines comerciales, de entretenimiento o morbosidad.

“Estamos protegiendo el debido proceso y la cadena de custodia, eso es lo importante, pues la divulgación de material probatorio y ciertas declaraciones obtenidas, fuera de ley, solo contaminan el procedimiento y la investigación”, expresó.

Las multas, de cometer alguna de estas acciones, irían desde 43 mil hasta 86 mil pesos; además, se ampliaría en una tercera parte de ser imágenes, videos o audios de cadáveres o partes de ellos, así como las circunstancias de su muerte, lesiones o su estado de salud.

También se aumentará la pena a una mitad de ser material de cuerpos de mujeres, niñas, niños o adolescentes y de ser un funcionario público quien lo divulgue.