Desde que inició el Sistema Estatal Anticorrupción, 18 servidores públicos han sido vinculados a proceso por actos de corrupción, afirmó el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Benjamín Vargas Salazar, quien dijo que hasta el momento se han dictado cuatro sentencias con prisión.

En entrevista aclaró que se dictaron cuatro sentencias condenatorias con prisión por delitos como enriquecimiento ilícito, cohecho y negociaciones ilícitas, sin embargo, la Ley permite aplicar otro tipo de salidas como el trabajo comunitario y la suspensión.

“Desde que la Fiscalía empezó a funcionar llevamos 18 personas vinculadas a proceso, la mayoría son servidores públicos y en una minoría hay particulares, pero sí hay también involucrados; además tenemos cuatro sentencias con prisión, pero la ley permite otro tipo de salidas, tenemos sentencias por enriquecimiento ilícito, cohecho y por negociaciones ilícitas y ha habido otros con la suspensión pero tienen la aplicación de la ley”, refirió Vargas Salazar.

En este sentido, señaló que en el caso del servidor público del IQT denunciado por pedir dinero a cambio de cumplir con su función, fue vinculado a proceso y tiene dos meses de suspensión de su puesto mientras se lleva a cabo la investigación complementaria.

Refirió que se trata de un delito de cohecho, por tanto la pena que podría alcanzar dependerá de los datos de prueba que se alleguen al procedimiento, así que por el momento dijo, no se puede adelantar nada.

“Era un servidor público, encargado de revisar las cuestiones físicas y mecánicas del transporte colectivo, taxis en específico, y pidió una dadiva para cumplir con su función lo cual es ilegal, fue vinculado a proceso y tiene dos meses de suspensión en lo que se lleva a cabo la investigación complementaria y en ese proceso estamos”, agregó.

Finalmente, sobre el servidor público de la Secretaría de Desarrollo Sustentable que fue separado de su cargo, el fiscal destacó que por la modalidad del hecho y la cantidad que solicitó, la Ley le permite suspensión de 11 meses, lo cual no significa que queda impune, toda vez que es supervisado por la autoridad y en caso de que incumpla, el proceso se reactiva.